El aborto o interrupción involuntaria del embarazo ha sido siempre una práctica muy criticada, enjuiciada y cuestionada. A lo largo de la historia, partidarios y detractores han eximido argumentos religiosos, morales o científicos para tratar de convencer de lo correcto de sus posiciones. El debate, lejos de enfriarse, continúa en la actualidad siendo foco de acaloradas discusiones, saltando de cuando en cuando a la primera página de periódicos y demás medios informativos.
España, tradicionalmente muy influenciada por la doctrina de la Iglesia Católica, no permitió la interrupción voluntaria del embarazo bajo ningún supuesto hasta el año 1985. La única excepción la constituye Cataluña durante la Guerra Civil. Ante el vacío de poder que se vivía a nivel nacional, la Generalitat vio aumentadas sus competencias y, entre 1936 y 1938, en medio del sangriento conflicto bélico, Cataluña permitió la libre interrupción del embarazo en cuatro supuestos. Estos eran: enfermedades físicas o mentales de la madre, razones eugenésicas, control de la natalidad y cuestiones éticas.
Bajo el régimen del general Franco (1939-1975) el aborto estuvo absolutamente prohibido. Resultaba incluso impensable el mero planteamiento del mismo como una práctica legal. En el Código Penal, concretamente en el artículo 416, se determinaba que se arrestaría o castigaría con una multa a aquella persona que proporcionara información o los medios necesarios para practicar un aborto. Solo en el caso de que la embarazada fuera una madre soltera, se aplicaría una reducción de la condena si se alegaba el lastre y vergüenza que un/a niño/a nacido en tales circunstancias provocaba a la familia. Cuestión aparte son las posibles interrupciones ilegales del embarazo. Las prácticas de abortos ilegales acababan, en la mayoría de ocasiones, en muerte para la madre debido a las infecciones y pésimas condiciones en que se realizaba la operación.
Con la muerte del dictador y la llegada de la democracia a finales de 1975 se inició una nueva etapa. El proceso para la legalización del aborto en España comenzó de la mano del gobierno de Felipe González, quien pretendía aprobar una despenalización en tres supuestos: violación, peligro para la vida o salud de la madre y malformación del feto. En octubre de 1983 se votó en el Congreso el conflictivo proyecto de ley. Algunas de las intervenciones de los diputados de la derecha fueron verdaderamente críticas e incisivas con la propuesta socialista. La anécdota la protagonizó el diputado de Alianza Popular Carlos Ruiz Soto. Médico ginecólogo, al ser llamado para emitir su voto gritó un contundente ¡no al aborto!
La tensión no solo flotaba en el Congreso, la calle también vibraba; las protestas y manifestaciones a favor y en contra de la despenalización se sucedieron por toda España. Esta polarización social también se vio reflejada en los diarios de la época: el ABC se posicionó en contra, Diario 16 se manifestó a favor... Alianza Popular decidió actuar para tratar de revertir el proyecto de ley y, en diciembre de 1983 presentó, a través de José María Ruíz Gallardón, un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Finalmente, tras dos años de espera, el TC emitió su veredicto: la propuesta presentada por Alianza Popular no prosperó, el gobierno de González ajustó la ley en concordancia con las enmiendas del Tribunal y, finalmente, esta entró en vigor el 12 de julio de 1985. Se iniciaba así una nueva etapa en la historia de España: la ley despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas en el supuesto de violación, 22 semanas en caso de malformaciones en el feto y sin límite en caso de existir riesgo grave para la salud o vida de la madre.
Durante veinticinco años la ley se mantuvo en vigor sin modificación alguna. Veinticinco años en los que, no obstante, la polémica y el debate continuaron rodeando al aborto y, en el año 2010, el baúl de la polémica volvió a abrirse de par en par. Con Zapatero y los socialistas en el poder, España asistió a la aprobación de una ley de plazos que permitía el aborto libre en las primeras catorce semanas de gestación. Durante el debate del anteproyecto de ley, el Partido Popular, al igual que en 1983, presentó un recurso ante el Constitucional. La ley, no obstante, acabó entrando en vigor bajo el nombre de “Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”. La nueva ley se publicó en el BOE en marzo de 2010. España parecía avanzar por el camino de la liberación femenina y social.
Esa ilusión de la liberación de la mujer y de su cuerpo duró tres años: en el 2013 el Gobierno del Partido Popular presentó una reforma a la ley de Zapatero. La reforma se perfilaba incluso más restrictiva que la ley de 1985. Las protestas e indignación sacudieron el país. Tales fueron las presiones que Mariano Rajoy y sus ministros se vieron forzados a rectificar, presentando en 2015 un nuevo borrador. Finalmente se decidió mantener la ley de Zapatero, pero introduciendo una modificación: las jóvenes de 16 y 17 años deberían contar con el consentimiento paterno para abortar (la ley de Zapatero determinaba que los progenitores debían ser informados, pero que la decisión final correspondía únicamente a la joven). La reforma de Rajoy continúa vigente en la actualidad.
Ann Furedi, directora ejecutiva de BPAS, uno de los centros abortistas más importantes del Reino Unido señala que «la capacidad de una mujer para controlar su fertilidad condiciona toda su vida (…). Denegar a una mujer su derecho al aborto es limitar su potencial humano (…)». Esta visión progresista de Furedi continúa hoy en día siendo rechazada por determinados partidos y sectores políticos. Santiago Abascal, miembro del partido VOX, afirma que “el aborto no es un derecho, sino un gigantesco drama”.
En definitiva, controversia, debate, ataques, discusiones… el aborto parece condenado a ser protagonista infinito de polémica. Los cambios en el gobierno y altas esferas de poder marcan las leyes y las reformas. Con cada nuevo inquilino que se instala en La Moncloa vuelve a abrirse el debate y partidarios y detractores de la interrupción voluntaria del embarazo presionan para inclinar la balanza a su favor. La voz de las principales protagonistas, las mujeres, las posibles futuras madres, se ve en ocasiones ahogada entre tanto ruido. Siglo XXI y aún queda polémica para rato.
Fuentes:
- ABC. (1983). La despenalización del aborto, a trámite ordinario. ABC. Recuperado de http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1983/02/24/019.html
- Fernández, B. (1983). Manifestación feminista en la calle y muchas ausencias en los escaños y en el “banco azul”. La Vanguardia. Recuperado de http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1983/10/07/pagina-7/32975611/pdf.html
- Ley 11/2015. Boletín Oficial del Estado. Madrid, España, 21 de septiembre de 2015. Recuperado de https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10141.pdf
- Ley 2/2010. Boletín Oficial del Estado. Madrid, España, 4 de marzo de 2010. Recuperado de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-3514
- Ortiz Heras, M. (s.f). La mujer en la dictadura franquista. Sitio web del departamento de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha. Recuperado de http://www.uclm.es/ab/humanidades/profesores/descarga/manuel_ortiz/mujer_franquismo.pdf
- Sobreques I Callico, J. (1983). Cataluña tuvo durante la República la ley del aborto más progresista de Europa. El País. Recuperado de: http://elpais.com/diario/1983/02/13/espana/413938815_850215.html
- Tribunal Constitucional de España. (1985). Sentencia 53/1985, de 11 de abril. Recuperado de http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1985/53#ficha-tecnica
