Fue el viernes 13 de noviembre de 1992 cuando Míriam, Toñi y Desirée, tres jóvenes de 14 y 15 años, se dirigían a una fiesta light en la discoteca Coolor de Picassent. A las ocho y veinte de la tarde, un Opel Corsa blanco las recogió mientras hacían autostop. Les quedaban tan solo 800 metros hasta la discoteca, pero nunca llegaron. 75 días después de la mediática desaparición, el 27 de enero de 1993, en el Barranco de la Romana dos apicultores avisaron a las autoridades, en un paraje próximo a la presa de Tous encontraron los tres cadáveres de las conocidas niñas de Alcàsser. Un triple asesinato que marcó a toda España y que sigue presente tras el rodaje de dos películas «Las niñas» y «75 días» y la emisión de una serie documental en Netflix.
Ese 27 de enero los apicultores descubrieron un brazo humano medio desenterrado que llevaba un reloj de gran tamaño en la muñeca. Un equipo de la guardia civil se trasladó al lugar de los hechos. José Miguel Bort, el juez de Alcira, encargado del levantamiento de los cadáveres tardó varias horas en llegar al lugar, porque estaba levantando un cadáver en otro municipio. En un primer momento, el tamaño del reloj en el brazo del cadáver hizo pensar al equipo que se trataba de un hombre. Sin embargo, al excavar se descubrieron otros dos cuerpos, los tres de mujeres, en avanzado estado de descomposición. Los detalles del hallazgo eran aterradores, los cadáveres se hallaban envueltos en una alfombra, en el interior de una fosa de grandes dimensiones.
Los cuerpos estaban maniatados y apilados uno encima del otro, sin tocarse entre sí. Dos de ellos presentaban la cabeza separada del resto del cuerpo. A pesar del deterioro de los cadáveres y sus prendas de vestir, los expertos ya apuntaron que podría tratarse de las tres niñas. El juez declaró secretas las diligencias. Además de los cuerpos, en los alrededores de la fosa se hallaron objetos de diversa índole. Sin embargo, la pista más relevante fueron unos trozos de papel que se encontraron junto a unos matorrales. Tras su reconstrucción, resultó ser un volante del Hospital La Fe de Valencia a nombre de Enrique Anglés Martins, que había sido atendido de sífilis unos meses atrás. Este volante fue clave para la identificación de los primeros sospechosos. Una vez desenterrados, los cadáveres fueron trasladados al cercano municipio de Llombay.
Unas horas después de su hallazgo, los cuerpos de las menores llegaron a las dependencias del Instituto Anatómico Forense de Valencia, donde permanecieron toda la noche. Al día siguiente un equipo formado por seis forenses de Valencia, encabezados por el catedrático Fernando Verdú Pascual, realizó el estudio de los cuerpos. El proceso llevó ocho horas y el informe derivado de estas autopsias fue remitido al juzgado tres meses después.
Inmediatamente después de las primeras autopsias y por requerimiento de las familias, el catedrático Luis Frontela realizó una segunda autopsia, más minuciosa, a los cuerpos. En esta autopsia estuvieron presentes como observadores el equipo de forenses valencianos y dos guardias civiles que tomaron imágenes del procedimiento. Frontela llevó a cabo un estudio del ADN de los pelos que se encontraban en los cadáveres y su ropa.
Se hallaron quince cabellos en total: tres pelos de pubis encontrados en la ropa de Míriam y Desirée pertenecían a Miguel Ricart; tres pelos encontrados en la ropa y el cadáver de Toñi pertenecían a un segundo individuo; cuatro pelos encontrados en la ropa de Toñi y el sujetador de Desirée pertenecían a un tercer individuo; un pelo hallado en la ropa de Desirée pertenecía a un cuarto individuo; y un pelo cano de cabeza encontrado en la ropa de Desirée pertenecía a un quinto individuo. Los tres restantes se encontraban dañados y no se pudieron analizar. Este hecho suponía la posible participación de hasta cinco personas en el crimen, entre las que se encontraría Miguel Ricart.
El estudio de las larvas halladas en los cuerpos, a las que Frontela solo tuvo acceso a partir de fotos y vídeos tomados durante la primera autopsia, sugirió que el tamaño de los insectos no se correspondía con el estado de putrefacción de los cadáveres. De este hecho, Frontela dedujo que las adolescentes fueron enterradas en dos lugares diferentes. Además, la ausencia de livideces (amoratamientos) de los cadáveres le llevó a pensar que los cuerpos de las niñas o bien sufrieron una fuerte hemorragia o bien estuvieron sumergidos en el agua, aunque no tuvo datos suficientes para demostrarlo.
El informe derivado de las autopsias fue remitido al juzgado tres días antes del comienzo del juicio, tres años más tarde. Tras la primera declaración del único detenido, Miguel Ricart confesó su participación en el crimen y realizó una primera descripción de lo ocurrido: él y Antonio Anglés recogieron a las tres niñas en un Opel Corsa y, en lugar de llevarlas a la discoteca Coolor, las llevan a una caseta en la partida de la Romana. Allí las torturaron, violaron y mutilaron. Luego, supuestamente, obligaron a las niñas a caminar hasta una fosa, donde las asesinaron de un tiro en la cabeza. Seguidamente, envolvieron los cadáveres de las niñas en un trozo de moqueta y las entierraron.
La policía no consiguió dar con el paradero de Antonio Anglés, que había emprendido su huida, acudió a un fotomatón de la estación del Norte de Valencia para fotografiarse con el pelo teñido de rubio y poder cambiar de este modo su aspecto. Luego emprendió su huida por la N-3 hacia Madrid, tras apoderarse en Vilamarxant de un coche a punta de pistola amenazando a su propietario, un agricultor. A partir de ahí se le pierde el rastro.
Luego se le sitúa Portugal donde estuvo dos meses escondido antes de embarcar como polizón en el mercante City of Plymouth que iba hacia Irlanda. Antes de llegar a Dublín, al ser descubierto, se lanzó al mar con un chaleco salvavidas, posiblemente murió ahí. Años después comenzó el juicio contra Miguel Ricart en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, en medio de un revuelo mediático, porque fue precedido por la aparición de Fernando García (padre de Míriam) en compañía de criminólogos, en un conocido programa de Telecinco en el que denunciaron la existencia de una trama detrás del crimen en la que estarían incluidas algunas personalidades muy importantes de España.
En abril de 2013, la magistrada dictó un auto. Para la jueza, la fecha para empezar a computar el plazo de prescripción del delito quedó establecida el 14 de diciembre de 2009, cuando se produjo una última diligencia judicial relevante en relación con el caso Alcàsser. El caso seguirá abierto hasta que el principal sospechoso, Antonio Anglés, oficialmente desaparecido, dé señales de vida. No será hasta 2029 cuando el fugitivo más buscado de España, que para entonces contará con 63 años en el caso de seguir con vida, sería inimputable por las violaciones y asesinatos de Toñi, Míriam y Desirée.
A todo esto, existe una teoría alternativa, la cual es compartida por la gran mayoría. Fernando García se involucró personal y activamente en la búsqueda de las tres niñas. Tras el hallazgo de los cadáveres, las supuestas deficiencias en la instrucción del caso y la percepción de una falta de colaboración por parte de las autoridades le llevaron a suponer que se estaba tratando de ocultar la verdad sobre el crimen. El periodista de sucesos Juan Ignacio Blanco se unió desde el primer momento a las tesis de Fernando García, se fue a vivir a Alcácer y se convirtió en el investigador extraoficial del caso. Juntos cuestionaron el trabajo de la Guardia Civil, los forenses y los jueces y desarrollaron una teoría alternativa que les situó de lleno en el foco mediático.
Esta teoría fue difundida a lo largo de 1997, principalmente en los programas: Esta noche cruzamos el Mississippi de Telecinco y El Juí d'Alcàsser de la cadena autonómica valenciana Canal 9, en los que Fernando García y Juan Ignacio Blanco asistían en calidad de invitados. Según esta teoría Antonio Anglés y Miguel Ricart seguían las órdenes de una banda organizada de asesinos. Ricart solo se habría encargado de enterrar los cadáveres de las niñas, a las que se les habría dado muerte en otro lugar no determinado, mientras que Anglés habría sido asesinado y enterrado para evitar que delatase a los verdaderos culpables.
La banda criminal estaría dirigida por políticos y empresarios con mucho poder que se dedicarían a la grabación de vídeos snuff, que son videos de torturas y asesinatos reales, populares en aquellos años como muestra la película Tesis de Alejandro Amenábar (1996). Los integrantes de esta banda al parecer pagaron grandes sumas de dinero a cambio de matar a las personas que aparecían en esos videos. En cuanto a las niñas, habrían estado retenidas hasta en cuatro lugares diferentes de Madrid y Segovia antes de su asesinato y fueron enterradas en dos sitios diferentes. García y Blanco no escatimaron medios en la difusión de esta teoría alternativa.
Aunque sus intervenciones televisivas siempre levantaban polémica, las declaraciones más controvertidas tuvieron lugar el 29 de enero de 1997, en el programa Esta noche cruzamos el Mississippi. En directo, García y Blanco acusaron a tres hombres con relevancia política y empresarial, dando sus nombres y apellidos y sin presentar ninguna prueba al respecto, de pertenecer a una red de producción de películas snuff implicada en el crimen. Estos hombres, a quienes denominaron el clan de la Moraleja, eran un ex gobernador civil de Alicante, un productor de cine y un ex presidente de Telefónica. Los tres estaban vinculados al PSOE, que se encontraba al frente del gobierno de España en el momento de los asesinatos.
Blanco manifestó estar en posesión de una cinta de vídeo snuff protagonizada por las tres niñas, aseguró que unos diez días después de que él llegase a Alcácer, el párroco del municipio llamó a medianoche a Fernando García para que acudiera a la iglesia. Allí, García recibió un sobre con una cinta VHS en su interior cuyo contenido visionaron Fernando, su hermano y Blanco.
En una de las escenas aparecían Míriam y Desirée tumbadas en camillas, a su alrededor había un grupo de personas, algunas conocidas y con gran relevancia social y económica, que torturaban a las niñas realizándoles cortes con un bisturí. Blanco sostenía que había hecho llegar una copia de la cinta al ministerio del Interior y que no había obtenido respuesta por parte de las autoridades.
No obstante, una serie de circunstancias ponen en entredicho la veracidad de este relato: primero, Juan Ignacio Blanco siempre se opuso a mostrar el vídeo; segundo, el párroco de Alcácer asegura que nunca entregó ningún sobre a Fernando García; y tercero, el propio García niega haber recibido o visto tal vídeo. Sin embargo, en relación con este último punto, semanas después del fallecimiento de Juan Ignacio Blanco en julio de 2019, el programa de televisión Cuarto Milenio entrevista a Fernando García y se contradice al cambiar de nuevo de versión afirmando en esta ocasión haber tenido contacto físico con la cinta pero que nunca ha observado su contenido. El caso Alcásser sigue siendo todo un misterio.
