La asistencia social en México.
Después de la cancelación de los programas sociales establecidos durante la bonanza petrolera de finales de los setenta y los recortes en el gasto social durante la gestión del ex presidente De La Madrid, el gobierno de Carlos Salinas recuperó a la política social como componente clave de su esquema de gobierno. El objetivo de recuperar a la política social era atender a un gran número de mexicanos que vivían en condiciones de inopia, y a la vez tratar de romper el ciclo intergeneracional de la pobreza[1]. Para ello durante ese sexenio se creó el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), el cual aportaba fondos para obras públicas con la condición que las comunidades beneficiadas participasen activamente en su realización. Esto llevó a que el gasto público en desarrollo social ascendiera a 8% del producto interno bruto (PIB), del cual, 0.73%[2] era destinado a PRONASOL.
Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, se estableció el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA). Dicho programa daba trasferencias de efectivo a los hogares rurales más pobres con la condición de que sus hijos, menores de edad, asistieran a las escuelas locales y que la familia entera acudiera a revisiones de salud a los centros de salud de su localidad. Un rasgo particular de este programa es que las transferencias de efectivo se entregaban a la mujer, fuera o no la jefa de familia, dando libertad de decisión en su gasto. Así mismo, se formaron paquetes nutricionales, de salud, y educacionales para complementar los beneficios dados por las transferencias monetarias. “PROGRESA” transformó un enfoque puro de asistencia social en una ayuda monetaria ligada a inversiones en capital humano que permitieran romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Así, durante este sexenio el presupuesto destinado a PROGRESA fue del 0.2%[3] del PIB, en cuando al gasto en desarrollo social, se observó un aumento porcentual del 2% en comparación con el mandato anterior.
Para el inicio del sexenio foxista, se adopta el programa “PROGRESA” pero se cambia el nombre a “OPORTUNIDADES”. El programa conserva su enfoque base y a la vez aumenta su cobertura para abarcar áreas urbanas y para subsidiar tres años adicionales de escolaridad (preparatoria). Así mismo, dentro de estos cambios se introduce el subprograma “Jóvenes con oportunidades” el cual consistía en abrir una cuenta de ahorro en el Banco Social de México (BANSEFI), presentando únicamente constancia de terminación de estudios medios superior, con el fin de que los jóvenes de las familias participantes en el programa tuvieran un desempeño satisfactorio a lo largo de su educación preparatoriana. El número de beneficiaros del programa aumento de 2.5 millones de familias en el año 2000 a cinco millones para 2004.
Para finales del 2006 los hogares beneficiados por el programa recibían aproximadamente la cantidad de 45 dólares mensuales[4] (518 pesos de aquel año), así como en algunos casos suplementos alimenticios. Este programa logró un aumento considerable en los índices de nutrición, salud y educación, logrando cumplir los fines para el cual se creó. Dada su amplia cobertura se generó un gasto mayor. Aproximadamente un 0.5%[5] del PIB fue destinado a “OPORTUNIDADES”.
A la par de estos programas, se han creado leyes e instituciones para su evaluación (Ley General de Desarrollo Social, Coneval, Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, Comité Técnico para la Medición de la Pobreza.), las cuales arrojan algunos datos positivos, como el aumento en la cobertura del 20% de la población por el programa de Oportunidades en los rubros de Salud y Educación, lo cual ha representado un aumento en el consumo de los hogares[6]. Sin embargo, la pobreza solo ha sufrido una reducción del 0.03%[7] y la respuesta gubernamental ha sido únicamente el dotar de mayores recursos a estos programas e instituciones.
En cierta medida esto denota una falta de interés por resolver el problema de fondo, es decir, si se observa que a pesar de las diferentes estrategias se sigue sin cumplir todos los objetivos, principalmente el alivio de la pobreza, ¿Por qué no reformular los programas? Con base en Hirschman, podemos argumentar que este tipo de respuesta se debe a una total despreocupación en la restauración del vigor de una empresa o en este caso del combate a la pobreza, el cual se ha visto superado por los problemas, y por tanto no se han puesto en marcha mecanismos para lograr alcanzar el objetivo, tal vez debido a que el Estado no tiene incentivo alguno para efectuar las mejoras que se requieren.
Ingreso básico garantizado
"El ingreso básico garantizado" es una propuesta que consiste en dar a todos los miembros de una comunidad política una cierta cantidad de dinero con una periodicidad regular. La definición más general refiere a una renta básica, la cual viene sin los requisitos de elegibilidad categórica; usted no tiene que ser ciego o discapacitado o desempleado para poder conseguirlo. Todo el mundo recibe la misma cantidad por su condición de ser humano con necesidades materiales que el dinero puede ayudar a resolver.
Simplemente con esta premisa podemos ver la eliminación del gran aparato burocrático y de la segregación. Existen hoy en día varias propuestas para lograr un ingreso básico, sin embargo desde mi punto de vista, dos son las más destacables.
El impuesto negativo de Milton Friedman o NIT por sus siglas en inglés.
De acuerdo a Friedman, durante décadas el gobierno ha obtenido recursos de la sociedad (pobres y ricos), siendo esta exacción de recursos más acuciada en la parte baja de la distribución del ingreso. Por esta razón, Friedman propone establecer un ingreso mínimo por debajo del cual las personas no estarían obligadas a pagar impuestos. Friedman explica lo siguiente:
“Supongamos que ponemos un límite al cobro de impuestos, si una persona gana 3,000 dólares estará exenta de cualquier pago, por el contrario si los ingresos ascienden a los 4,000 dólares, entonces se cobrara un 25% de impuesto (1,000). A esto le podemos llamar un impuesto positivo; Ahora, si alguien gana solamente 2,000 dólares en lugar de cobrársele un impuesto, se realizaría un ajuste con base en el ingreso a partir del cual se comienzan a cobrar impuestos. Dicho ajuste sería del 50% a la cantidad base, es decir se le estaría otorgando 500 dólares extras (impuesto negativo). ¿Y qué pasaría en el caso de aquellas personas que no tienen un ingreso? Simple, se realiza el mismo procedimiento antes explicado, el Estado le estaría escribiendo un cheque por la cantidad de 1,500 dólares.”
¿Pero por qué asignar un ajuste del 50%? Friedman nos dice que sería un incentivo que no generaría un efecto negativo en las personas que lo recibieran, “es la cantidad necesaria para sobrevivir, pero no lo suficiente para que nunca más en su vida busque un empleo”.
Charles Murray; La siguiente propuesta es aún más simple e inocente que la de Friedman, Murray en su libro “In our hands, a plan to replace the welfare state” nos dice:
“Gobierno federal, estatal y locales no harán ninguna ley ni establecerán programa alguno que ofrezca beneficios para algunos ciudadanos, pero no a otros. Todos los programas que operan bajo este esquema deben de terminar. Los fondos anteriormente asignados a ellos se van a utilizar en proporcionar a todos los ciudadanos con una donación en efectivo a partir de la mayoría de edad y continúa hasta la muerte. El valor anual de la subvención en efectivo al inicio del programa es de $ 10.000.”
Si bien es una cantidad algo exagerada para un país en desarrollo como México, la idea podría adaptarse, otorgando, por dar un ejemplo, una cantidad de 5,000 pesos, lo cual efectuando cálculos “sobre las rodillas” nos daría un total aproximado de 369 mil millones de pesos, cerca del 17%[8] del gasto programado en desarrollo social o bien 2% del PIB. Esto suponiendo que dicha transferencia se diera a todos y cada uno de los 118 millones de mexicanos y mexicanas que habitan el país (INEGI, 2013). Si tomamos en cuenta que el apoyo solo se destinará para aquellos con la mayoría de edad, la cantidad de beneficiarios se vería reducida de manera considerable.
Ayudándonos de este pequeño análisis, podemos ver que la propuesta de Murray ya no suena tan descabellada como en un principio. Es pertinente realizar una revisión exhaustiva al actual modelo de programas sociales e incluir nuevas propuestas que puedan des ensanchar el aparato estatal, eliminar la burocracia, distinciones y la corrupción.
Referencias:
[1]Ontiveros Ruiz, Guillermo, “El programa nacional de Solidaridad. La política social en México 1988-1994”, Encuentros Académicos Internacionales, México, 2005, pág. 50-51.
[2]Ayala Espino, José, “Economía del sector público mexicano”, Editorial Esfinge, México, 2001, págs. 614-615.
[3]Skoufias Emmanuel, “PROGRESA y su efecto sobre el bienestar de las familias rurales de México”, Food Policy Research Institute, Washington, 2006.
[4]Moreno-Brid, Juan Carlos; Ros Bosch, Jaime. “Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana. Una perspectiva histórica”. Fondo de cultura económica, 2010.
[5]Centro de estudios de las finanzas públicas, “Evolución del gasto social, 2003-2010”, CEFP, México, 2009.
[6]El gasto del programa Oportunidades en los rubros de Educación y Salud es de aproximadamente 0.08% del PIB, según datos del Banco Mundial.
[7]WORLD BANK, Conditional Cash Transfers, A World Bank Policy Research Report, Washington D.C, 2009, pág. 19.
[8]Dato calculado con base en datos de “Transparencia Presupuestaria”, dirección en internet: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
