El caso de María José y Ángel hace que la eutanasia entre en campaña
Manifestación por el Derecho a Morir Dignamente / Fuente: Asociación por el Derecho a Morir (@derechoamorir)

En España, el artículo 143 del Código Penal dicta textualmente: "El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números dos y tres de este artículo (entre dos y diez años de prisión)."

Es decir, la eutanasia, entendida según la RAE como el acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra, está penada en nuestro país. Sin embargo, anoche quedaba en libertad sin cargos cautelares Ángel Hernández, quien ayudó a morir a su esposa María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple desde 1989

Desde hace 20 años, la muerte era una petición constante de María José y, como explica Ángel en una carta, él no tuvo más remedio que ayudarla. Para ello, grabaron dos vídeos en los que se podía ver a la mujer pidiendo en numerosas ocasiones ayuda a su marido para poner fin a su vida. 

Este nuevo caso reaviva el debate político sobre la regulación de la eutanasia. En plena campaña electoral, los principales partidos políticos no han tardado en exponer su opinión y medidas. 

El PSOE fue el primero en reanudar la controversia al presentar, el pasado miércoles tres de abril, una proposición de Ley Orgánica para regular la eutanasia. En este texto se expone el derecho de las personas a solicitar la prestación de ayudas para morir y cuales son las condiciones para ello. 

Destaca el apartado sobre los cinco requisitos que debe cumplir toda persona para poder iniciar el trámite, detalladamente explicado tanto para el solicitante, como para el personal médico, y acogerse a este derecho. Entre las exigencias, se recoge tener la nacionalidad española y padecer una enfermedad clasificada como grave, incurable o crónica. En adición, se preve la objeción de conciencia y se plantea la realización de un listado con "personal objetor" como solución. Se incluye, entre los últimos apartados, la creación de una comisión de control y evaluación de calidad del proceso. 

Las réplicas no han tardado en salir a la luz y, el mandatario de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, se posicionaba totalmente a favor de la necesidad de regular este derecho: "Por la dignidad y decencia de las personas." Aunque, recuerda a los electores que el PSOE no fue favorable a la ley de regulación que la agrupación morada presentó en el Congreso en 2017.

El posicionamiento del Partido Popular se mantiene en la oposición, al igual que ocurrió el año pasado ante una propuesta de ley similar presentada por el grupo socialista. Sus argumentos fundamentales son la supuesta oposición de toda la deontología médica ante este derecho y la imposibilidad de convertir la eutanasia en un derecho reconocido, individual, financiado por el Sistema Nacional de Salud. 

Por último, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, afirmaba en una rueda de prensa ofrecida que: "Este caso pone de manifiesto la necesidad de regular la eutanasia." Horas más tarde, el líder de la formación naranja, Albert Rivera, hacía hincapié en que la solución debe ser "garantista y de consenso". 

La eutanasia se convierte, entonces, en uno de los puntos clave a tener en cuenta el día 28 de abril. Dado que este reciente caso ha marcado la agenda y la estrategia política de las cuatro grandes agrupaciones políticas de nuestro país. 

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