Esta mañana, la Guardia Civil ha comenzado una operación de investigación por el pago de comisiones ilegales del 3% de la empresa constructora Teyco al partido de Artur Mas, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Un mes antes, los investigadores encontraron pruebas de esas comisiones en el registro de la empresa de Sumarroca, familia propietaria de la empresa Teyco y vinculada a Convergència, donde se reflejaban esos pagos del 3%.
La Guardia Civil ha registrado la sede de la Fundación Catalanista y Demòcrata (Catdem), así como los ayuntamientos de Sant Cugat, Figueres, Sant Celoni y Lloret de Mar, que presuntamente habrían traspasado servicios a cambio de comisiones de Teyco. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción comienza diez años después de que Pasqual Maragall, expresidente de la Generalitat, comentase públicamente que Convergència i Unió (CiU) tenía "un problema con el 3%". El registro en los cuatro ayuntamientos catalanes se debe a la presencia de CiU en ellos cuando se llevaron a cabo los presuntos pagos ilegales, es decir, entre 2008 y 2009. A pesar de elloo, los pagos continuaron hasta 2011 y en CatDem hasta 2014.
El registro también ha sido realizado en la vivienda de Daniel Osácar, extesorero de CDC, quién ya está imputado en el 'caso Palau' debido al cobro de comisiones de Ferrovial, negociación que se llevó a cabo a cambio de la adjudicación de la Línea 9 de metro y la Ciudad de la Justicia. La operación parece ser una continuación de las investigaciones iniciadas en 2013 contra Daniel Masagué, alcalde de Tarragona, detenido en junio de 2014 y el pasado 23 de julio de 2015 por contar con 1,43 millones de euros recibidos desde sociedades controladas por los Sumarroca.
La vinculación entre CDC y la familia Sumarroca reside en Carles Sumarroca Coixet, empresario fundador de Convergència.
El Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell ha ido expandiendo sus investigaciones en la red de la trama, que comenzó con los pagos de Teyco a Masagué por la construcción de un aparcamiento en Torredembarga. El propio consejero delegado de la constructora, Jordi Sumarroca, fue ingresado en prisión durante 19 días acusado de delito contra la administración pública, cohecho y blanqueo de capitales, hasta el pago de los 600.000 euros de fianza.
Tras el registro, los agentes de la Guardia Civil encontraron en la caja fuerte del domicilio de los Sumarroca y en la sede de Teyco unas notas donde, organizados en columnas, se encuentran determinados contratos públicos y cantidades de dinero que coinciden con ese 3%. Los agentes se han desplazado también a la empresa municipal Promusa, que cedió en 2008 a Teyco la construcción de una promoción de vivienda pública que, presuntamente, también estaría relacionada con el pago de comisiones ilegales.
La relación entre Convergència, empresas constructoras y la fundación, recuerda inevitablemente a los hechos del 'caso Palau', donde las comisiones llegaron hasta el 4% a través del Palau de la Música, la Fundació Trias Fargas -actual Catdem- y otras empresas. Josep Rull, coordinador general de Convergència, ha defendido a su partido en una comparecencia en Barcelona diciendo que “desde la consulta del 9 de noviembre ya sabemos cómo actúa la Fiscalía y por orden de quién”.
“No encontrarán nada porque no hay nada que esconder"
El mensaje de Rull, dirigido directamente al Gobierno central, ha sido contestado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien les ha pedido "que no busquen culpables fuera de sus filas; si algo ha quedado claro es que las actuaciones de lucha contra la corrupción no entienden de partidos ni de fechas electorales".
