Tres activistas de la organización ecológica se han subido este martes a una grúa situada junto al Congreso de los Diputados y han desplegado una pancarta con el lema "La protesta es un derecho" para manifestar su desacuerdo con la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como "Ley Mordaza", que entra en vigor este miércoles.
La acción ha comenzado a primera hora de la mañana y los miembros de la ONG han permanecido subidos en la grúa durante cuatro horas y media. Según Greenpeace, uno de los activistas, que no había subido, ha sido llevado a comisaría.
La organización ha difundido a través de Twitter fotografías de sus activistas en la grúa y de otro más, junto a la puerta del congreso, con otra pancarta con el lema "Sin mordazas". La ONG ha hecho además un llamamiento a acudir a la protesta contra la ley este martes a las 19.30.
Greenpeace ha subrayado que la ley establece nuevas infracciones que encajan directamente con formas de protesta pacífica de algunos colectivos, como los activistas antidesahucios, las 'mareas ciudadanas', los sindicalistas o los afectados por las participaciones preferentes, que además "no suponen en ningún caso un peligro para la seguridad ciudadana".
'Recortes' en la libertad de expresión
"En la práctica, la nueva ley establece serias limitaciones a las libertades de expresión e información, de reunión pacífica y de asociación" y ello "contraviene las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Español en materia de derechos humanos", ha denunciado la organización.
Para la ONG, el hecho de que la ley sancione el uso de imágenes y vídeos que muestren las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también "va en contra del derecho constitucional a la libertad de información y de la necesidad de contar con pruebas que permitan el control del cumplimiento adecuado de sus funciones".
"A partir de mañana serán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ministerio de Interior quienes interpreten cómo debemos ejercer nuestros derechos de expresión y manifestación", ha lamentado Soto, subrayando además que, "dada la presunción de veracidad del testimonio de los miembros de la fuerzas de seguridad, se podrán atribuir conductas ilícitas a los ciudadanos sin que haya quedado probado que participaron en las mismas".
