Según ha comunicado este martes el ministerio público, la Fiscalía de Castellón denunciará a los responsables de la concesión del proyecto Castor por presunta prevaricación medioambiental. A esta reclamación se sumará la empresa Escal UGS, empresa encargada de la explotación de dicho proyecto, a la que se le acusaría del mismo delito. La denuncia se llevará a cabo tras el aprobado de la Fiscalía General del Estado.
En concreto, además de la empresa Escal, se denunciará a los responsables en aquella época de los Ministerios de Medio Ambiente y el de Industria, además del Instituto Geológico y Minero. Con esta acusación de la Fiscalía provincial concluirá la investigación iniciada en 2013, con la que se pretendía esclarecer el por qué de los movimientos sísmicos que se estaban produciendo en la costa de Castellón. Dichos corrimientos de tierra se estaban produciendo en el sector donde trabajaba el proyecto Castor.
El Instituto Geográfico Nacional detectó la actividad sísmica en septiembre del año pasado. Los informes realizados por la institución detectaban que el epicentro se situaba en torno a la plataforma instalada para la inyección de gas. Ese mismo mes, el Ministerio de Industria había cesado la actividad del proyecto Castor para investigar el origen de los movimientos sísmicos.
Ahora, tras el cese de la actividad, la empresa Escal UGS recibirá una compensación de 1.350 millones de euros, tal como acordó el Consejo de Ministros en octubre de este año. Dicha compensación la asumirá Enagás, Gestor Técnico del Sistema de gas en España y principal distribuidor de gas natural en el territorio nacional. El pago de la multa será ingresado anualmente durante 30 años y repercutirá en la factura del gas, según ha publicado Europa Press.
