El titular del Juzgado de Instrucción número tres de Palma, José Castro, ha acordado sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. Según el instructor del «caso Nóos», la pareja habría defraudado hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente pantalla de la que ambos son propietarios.
La infanta deberá pagar 2,6 millones en responsabilidades civiles
Además, Castro exige a la hermana del Rey el pago de 2,6 millones de euros en concepto de responsabilidades civiles. Cabe recordar que la infanta ya había depositado los casi 600.000 euros reclamados por el fiscal para tratar de evitar el ingreso en prisión.
"Todos somos iguales ante la ley"
El juez ha resuelto no aplicar sobre la Duquesa de Palma la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para la Infanta. El magistrado escribe que si no prospera la acusación de doble delito fiscal, cabría declarar a la Infanta "partícipe a título lucrativo de los demás supuestos delitos" perpetrados por su marido "de los que su esposa haya podido lucrarse sin haber participado delictivamente en ellos".
El juez no aplicará la doctrina Botín
Por su parte, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el perjudicado por los delitos presuntamente cometidos, la Agencia Tributaria, apuntan a la existencia de indicios criminales sobre Cristina de Borbón. En su resolución judicial, Castro apunta que la Infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que Iñaki Urdangarín facturase a través de esta sociedad las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta de 2007 y 2008.
Para justificar su petición de ocho años de cárcel, Manos Limpias considera que la Duquesa incurrió en una agravante, y fue la de haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.
De hecho, el sindicato, al igual que la Fiscalía, considera que Aizoon era una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente urdido por Urdangarín y su exsocio Diego Torres con el objetivo de desviar los fondos obtenidos por el Instituto Nóos desde las Administraciones públicas. Mediante esta trama ambos se habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
Según el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, el auto del juez Castro consagra que “todos somos iguales ante la ley”. Así lo ha subrayado en unas declaraciones a Servimedia. Con todo, Doña Cristina se convertirá en el primer miembro de la Familia Real que se sienta en el banquillo.
