La Fiscalía solicita 19 años y medio para el Duque de Palma y 15 y medio para su ex socio, Diego Torres, por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron acceder de forma “directa e inmediata” a los fondos manejados por las Administraciones, eludir los requisitos exigidos por las normativas de contratación pública y desviar así, hasta 6,2 millones de euros de las arcas de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
La Fiscalía solicita 19 años y medio para el Duque de Palma y 15 y medio para su ex socio, Diego Torres
Estas son las dos principales peticiones de pena que el fiscal, Pedro Horrach, incluye en el escrito de acusación que ha presentado este martes ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro. Reclama hasta 103 años de prisión para un total de 14 acusados, cuyo papel en la trama relata de pormenorizada a lo largo de 673 páginas.
El representante del Ministerio Público desgrana los mecanismos con los que Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura “hueca de contenido real” y urdieron “una maraña de facturación ficticia” para apoderarse del dinero público. Para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron “a su antojo” junto a otras mercantiles de su propiedad para que “operasen al servicio de sus intereses comerciales”.
Anticorrupción también reclama a la Infanta Cristina una fianza de responsabilidad civil de 587.413 euros. La mujer de Torres, Ana María Tejeiro, deberá responder en su caso con el pago de 1.144.240 euros, de las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.
En el caso de la Infanta, la Fiscalía considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, aunque sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por su marido en el seno del anterior entramado societario, y más en concreto, a través de una de las mercantiles pantalla que integraban el conglomerado empresarial: Aizoon.
Reclama a la Infanta Cristina una fianza de responsabilidad civil de 587.413 euros
Anticorrupción señala que a través de esta mercantil, de la que el matrimonio es copropietario al 50 por ciento y que de forma, presuntamente irregular, se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos, Urdangarín defraudó hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.
Para reclamar la fianza, el juez Horrach se ampara en el artículo 122 del Código Penal, que establece que “el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”, aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.
