El pasado martes, ante la creciente subida de la curva de contagios por coronavirus en la capital de España, se reunían Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Tras dos horas de reunión se acordaba que ambos líderes iban a crear un órgano de cooperación que se reuniría semanalmente. Ese órgano hará propuestas, pero las decisiones finales serán del Gobierno de la Comunidad de Madrid, es decir, de Ayuso. Pero, 48 horas después de su nombramiento, Emilio Bouza, portavoz del grupo Covid de Madrid, ha dimitido por la falta de “concordia” entre Sánchez y Díaz Ayuso.
Aunque el objetivo principal de la reunión era mostrar la unidad entre ambos gobiernos, la rueda de prensa a posteriori dejó en evidencia los reproches entre ambos líderes. Pedro Sánchez matizó que las competencias son de la Comunidad de Madrid, pero el Gobierno lo que hace es ayudar, aunque aclaraba que “estamos listos para otros escenarios”. A lo que Díaz Ayuso contestaba que “el estado de alarma era la última medida” por su grave repercusión en la economía y añadió que hay que “dejar el activismo de lado”.
Después de la reunión, la presidenta de la Comunidad de Madrid tomó una serie de medidas. Pero, ayer, el ministro de Sanidad (Salvador Illa) argumentó que “emplazo desde la máxima lealtad a la Comunidad de Madrid a que revise sus medidas y escuche las recomendaciones que les hicimos”. Además, añadía que otras comunidades como Catalunya o Navarra tomaron en su momento medidas más estrictas que las que se han tomado en Madrid.
Tras estas declaraciones, Isabel Díaz Ayuso anunciaba que aceptaría cerrar Madrid si el Gobierno central aplica el mismo criterio en toda España y se hacen PCR en Barajas, Ave y Renfe.
Pero no todo han sido críticas a la presidenta, el alcalde de la capital (José Luis Martínez-Almeida) salía en su defensa, “los ciudadanos tenemos derecho a saber en función de qué criterios a Illa le parecía bien (el plan de la Comunidad) el martes y el jueves plantea un escenario distinto”.
En resumen, la disconformidad del Gobierno de España con las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid es evidente, ya que bajo su criterio las considera insuficientes, ha provocado la búsqueda de instrumentos jurídicos para poder intervenir la región y tomar el control. De momento, las competencias son del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
