“Cumbre de Respuesta Global al Coronavirus”, así se titula la iniciativa que aúna los potenciales beneficios de una organización supranacional como la Unión Europea. Auspiciada por la Comisión Europea, con Ursula Von der Layen a la cabeza, aterrizó el lunes con el objetivo de recaudar 7.500 millones de euros. Su único destino sería el de sufragar proyectos de investigación que aseguren un reparto equitativo de la vacuna contra la Covid-19. Los resultados se hicieron ver pronto. En tan solo 24 horas, la recaudación ascendía hasta los 7.400 millones. El bajo perfil chino, sumado a la ausencia de Estados Unidos -cegado por su aislacionismo-, no fueron distracciones suficientes para declarar esta cumbre como un éxito rotundo. Sin duda, una gran noticia para avanzar en la idea de una vacuna considerada de “bien público” y que sea accesible para los distintos países, en línea de los que viene reclamando el presidente francés Emmanuelle Macron.
El martes fue otro día, y consigo, la sentencia del Tribunal Constitucional alemán (BVErfG). El “whatever it takes” de Mario Draghi en 2012, abrió el mayor periodo de activismo monetario asumido por el Banco Central Europeo (BCE). Con su programa de expansión cuantitativa, se inyectaron 2,6 billones de euros a la zona euro, lo que aseguró un paquete de medidas decisivas para la contribución a la estabilidad monetaria de los países miembros.
Dicho fallo cuestiona la legalidad de las compras cuantitativas del Banco Central Europeo (BCE), concluyendo que se actuó fuera del marco de competencia (ultra vires). Sin entrar en cuestiones profundamente jurídicas, lo que revela el fallo es un doble cuestionamiento. Por un lado, pone en jaque el principio de primacía del derecho comunitario, consustancial e inherente al proyecto común europeo regulado en los Tratados, y en el que el TJUE se erige como principal intérprete de los mismos. Y, por otro lado, pone en tela de juicio uno de los pilares fundamentales que presiden la actividad del Banco Central Europeo (BCE), su independencia de actuación, emanada de las disposiciones de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales, así como del Tratado de Funcionamiento de la UE.
Esta sentencia llega en un momento nefasto, producido por una pandemia global que está golpeando fuertemente a Europa. Esta crisis dará lugar a una situación económica y social sin precedentes. Para paliar sus consecuencias, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), puso en marcha un plan de compras de activos por valor de 750.000 millones de euros. A su vez, el dictamen alemán abriría el debate de la viabilidad jurídica de las recientes compras, desacreditando el papel monetario y jurídico de las instituciones europeas.
El lunes 4 de mayo, con proyectos como la “Cumbre de Respuesta Global al Coronavirus”, nos dice que más Europa es deseable. En los tiempos que corren, el marco Estado-Nación se ve limitado y sobrepasado por las gigantescas dimensiones de la crisis de la Covid-19, y una respuesta basada en el multilateralismo resulta atractivo. Tan solo 24 horas después, una sentencia en Alemania reflejaba la fricción legal entre la jurisprudencia germana y las reformas del Banco Central. Los días en Bruselas transcurren con tonos de nubes grises, algo así como sus acontecimientos políticos y jurídicos. A los europeístas convencidos, nos deja un sabor agridulce, porque Europa camina, pero lo hace con palos en las ruedas.
