España, con 491 muertos y mas de 11 mil infectados, se convierte, después de Italia, en el ojo del huracán del virus en Europa. Ante estos escalofriantes datos, Sánchez decretó el pasado sábado imponer oficialmente el estado de alarma en todo el país durante al menos 15 días, una medida que solo se ha aplicado una vez en toda la historia democrática de España, a fin de poner conclusión a este episodio de crisis.
El estado de alarma está regulado en el artículo 116 de la Constitución Española y además en la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio. Ahora bien, ¿qué implica este estado? Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos, practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, intervenir y ocupar talleres y locales, limitar el uso de servicios y bienes de primera necesidad e imponer medidas para evitar el desabastecimiento.
Estas medidas resultan realmente eficientes para acabar con la propagación del COVID-19, sin embargo, traen consigo una serie de consecuencias catastróficas para la economía del país. En estos días quedan totalmente paralizados el consumo, la producción, la inversión, el comercio y el turismo, principal fuente de ingresos en España. Del mismo modo, las pymes no pueden soportar su cierre ya que viven de los ingresos del día, por lo que muchas tendrán que reducir su plantilla e incluso llegar a cerrar.
La vuelta a la normalidad no solo requiere la cura del virus, sino también crear una senda para ayudar a todos aquellos trabajadores que se están quedando en calle. En Francia e Italia han llevado la situación de una forma más restrictiva, estableciendo un gran número de ayudas para frenar los efectos negativos del coronavirus, entre ellas, la paralización de los despidos, impuestos e hipotecas.
Por el contrario, los problemas españoles no se resolverán de una manera tan tajante y eficaz. Entre las posibles medidas que el Gobierno estudia aprobar en el Consejo de Ministros de hoy están la agilización de los expedientes de regulación de empleo temporales, la concesión de prestaciones sin requerir periodos mínimos de cotización y la suspensión temporal de las cotizaciones de empresas, trabajadores y autónomos.
Patronal y sindicatos, como CCOO, UGT, y Cepyme, piden la regulación del ERTE (expediente de regulación de empleo), con el objetivo de hacer más fácil el procedimiento burocrático y agilizar su resolución.
Las medidas del estado de alarma podrán erradicar el virus pero, ¿podrán todas las familias que han sufrido despidos volver a la normalidad?
