En esta semana donde se tienen previstas numerosas manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que tendrá lugar, un año más, el ocho de marzo, el Gobierno dio un primer paso para sacar hacia adelante el anteproyecto de la Ley de Libertad Sexual, que realmente ha pasado a llamarse Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
El Ministerio de Igualdad, presidido por Irene Montero, tiene como objetivo promover políticas de carácter preventivo, así como solucionar numerosas ambigüedades que presentan otros textos aún vigentes. Además de esto, también se aboga por una modificación del Código Penal y una serie de medidas para reparar económicamente a las víctimas o incluso atención sanitaria.
El anteproyecto de dicha ley debe pasar, en una primera instancia, por el filtro del Congreso de los Diputados, donde el Gobierno es consciente de que pueden llevarse a cabo modificaciones en el texto. Una vez superada esta fase, la ley debe pasar por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal para volver de nuevo al Consejo de Ministras y Ministros. Una vez realizado todo este procedimiento, la ley pasaría de ser un anteproyecto a un proyecto de ley. La diferencia se encuentra en su importancia, ya que se trata de una Ley Orgánica, por lo que necesitará la mayoría absoluta de los votos a favor del Congreso de los Diputados para que entre en vigor y su final aplicación.
Por tanto, este anteproyecto tiene en mente, entre otras muchas cosas, acabar con la diferencia que se hace entre abuso y violación (desaparecerá el delito de abuso), un aumento de agravantes, el hecho de poner el consentimiento expreso y explícito en el centro, considerar la violencia sexual como una forma de violencia machista e invertir en centros de crisis 24 horas con servicios de atención psicológica y social a las víctimas de agresiones sexuales.
Irene Montero ha declarado a los medios de comunicación que el anteproyecto de esta Ley de Libertad Sexual se centrará, especialmente, en el colectivo femenino en su totalidad, incluyendo así a las mujeres migrantes y trans, algo en lo que ya se declaró totalmente en contra el Partido Feminista de España, expulsado de las filas de Izquierda Unida hace unas semanas por promover consignas tránsfobas y desobedecer órdenes de la coordinación general de estos partidos.
Nos encontramos ante un anteproyecto muy ambicioso de lo que será una nueva ley que, si llegara a aprobarse, supondría un antes y un después en la legislatura y, por ende, en el modo de vida y comportamiento de toda la sociedad española.
