El nuevo gobierno recurrirá ante los tribunales la censura parental promovida por Vox y apoyada por el PP
El líder de Vox, Santiago Abascal, durante un mitin convocado por el partido. Foto: Madridiario

“Parece que no es legal”. Son las palabras de los dirigentes de Ciudadanos en Murcia tras querer paralizar el polémico “pin parental” o “censura parental” que el partido de extrema derecha Vox propone implantar en los centros educativos. Una medida que, sin duda, no ha dejado indiferente a nadie ni tampoco ha estado exenta de polémica, puesto que ha generado grandes dudas sobre la educación que reciben los niños en los colegios e institutos.


Vox Murcia propone esta medida, apoyada desde un primer momento por el Partido Popular y después por Ciudadanos, en las escuelas murcianas para que los padres decidan sobre sus hijos a qué actividades complementarias de las asignaturas impartidas en sus centros de enseñanza deben o no asistir. Si esta medida llegara a aplicarse, madres y padres tendrían el libre ejercicio de no autorizar a los niños a acudir a varias charlas sobre educación sexual, enfermedades de transmisión sexual o contra la LGTBfobia.

Frente a esta medida, el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ya se pronunció en la rueda de prensa que tuvo lugar el viernes 17 de enero de 2020 tras la celebración del Consejo de Ministros Extraordinario. En ella, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, así como la Ministra de Igualdad, Irene Montero, declararon a los medios de comunicación presentes la decisión del órgano ejecutivo de llevar ante los tribunales esta medida que, para el gobierno español, “atenta contra los derechos y libertades de educación de los niños recogidos en la Constitución”. Celaá lo justificó argumentando que “de ninguna de las maneras no podemos pensar que nuestros hijos pertenecen a los padres”, abriendo así un debate cerrado hasta entonces sobre quién posee realmente la libertad de educación impartida a los niños.


De convertirse en realidad, esta censura parental, apoyada por el Partido Popular, afectaría al alumnado de primaria y secundaria de Murcia, el cual podría verse involucrado en la pérdida de actividades complementarias de asignaturas que podrían ser esenciales para su desarrollo.

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