Quim Torra, actual presidente de la Generalitat de Cataluña, ha sido condenado a una inhabilitación de año y medio por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sin embargo, como es evidente, se muestra contrario a la misma, ya que ha declarado a los medios que a él ningún tribunal lo va a inhabilitar.
Todo ello viene a raíz de un delito de desobediencia provocado por la pasividad del gobierno catalán de retirar los lazos amarillos y las banderas independentistas que colgaban de numerosos edificios públicos pertenecientes a la Generalitat. Además de la condena por inhabilitación en cargos públicos electos, el presidente catalán se enfrenta a una multa de treinta mil euros y el pago del proceso de eliminación de estos símbolos.
No obstante, Torra ha declarado que recurrirá esta sentencia al Tribunal Supremo a pesar de mostrar una total desconfianza por parte de la justicia española. Si el Tribunal Supremo tuviese la capacidad y la decisión de reafirmar este fallo, Quim podría ser apartado de su cargo como presidente de la Generalitat de Cataluña, por lo que se disolvería el parlamento catalán para convocarse unas nuevas elecciones autonómicas.
El president tampoco reconoce la autoridad de la Junta Electoral Central, institución que también optó por presionar al gobierno de Cataluña para cumplir la orden de retirada de toda aquella simbología independentista presente en los edificios públicos de la autonomía. Es por eso que en la sentencia, los jueces subrayan que Torra no solo no ordenó la retirada de los símbolos, sino que llegó a decidir en algunos casos su sustitución por otros lazos, blancos y cruzados por una raya roja, manteniendo una voluntad consciente y una disposición anímica inequívoca de contravención.
El futuro de Quim Torra como presidente de la autonomía catalana es incierto hasta que el Tribunal Supremo mueva sus hilos, pero por el momento, el dirigente de Junts per Catalunya hará todo lo posible por permanecer en su sitio.
