Si hay algo que caracteriza a España es la tardanza para corregir los errores cometidos a lo largo de su historia. Un buen ejemplo de ello son todas las heridas abiertas que han dejado tanto la Guerra Civil como el franquismo, y que actualmente ocupan buena parte del pensamiento de nuestra sociedad y nuestra política. Desde que la Ley de Memoria Histórica salió adelante en el año 2007 durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y su posterior aplicación, se han producido numerosos cambios visibles que han afectado a la nomenclatura de calles, pueblos, edificios y un sinfín de monumentos y símbolos repartidos por toda la geografía española.
Pero no todo lo que se ha retirado hasta la fecha supone el cumplimiento total de esta ley. Cabe recordar que durante el gobierno del Partido Popular (2011-2018), esta ley no se aplicó debido a que, según sus dirigentes, era una ley aprobada por un gobierno socialista. Sin embargo, tras la exhumación y traslado al cementerio de El Pardo-Mingorrubio de los restos del dictador y genocida Franco del Valle de los Caídos, lugar de culto público, el pasado 24 de octubre, por parte del Gobierno de España en cumplimiento de esta ley, muchos se preguntan si todavía es necesario realizar estos actos profanadores o innecesarios, como es el caso de partidos como Vox o la mismísima Falange, todavía existente.
De acuerdo a esta Ley de Memoria Histórica, de necesaria vigencia todavía, se reconoce el derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Por esta razón, en su artículo cuatro, la Ley contempla el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa.
Todavía queda muchísimo por hacer. Ahora todas las miradas se clavan en la sevillana Basílica de la Macarena, donde yacen los restos de otro militar franquista: Gonzalo Queipo de Llano. Varias asociaciones a favor de esta normativa, así como vecinos del barrio de La Macarena, llevan años pidiendo que este genocida abandone el templo, lugar de oración y de culto público. Y todo apunta a que están por la labor de exhumarlo, puesto que el hermano mayor de dicha hermandad ha declarado ante los medios que esperan órdenes del Gobierno.
A pesar de la vigencia de esta Ley, todavía hay calles dedicadas a Franco en veintiséis provincias españolas, entre las que destacan Palencia, León y Ávila, que suman cuarenta y cuatro calles en total que guardan relación con el franquismo.
¿Y ahora qué? No parece que por nuestro país hubiese pasado de largo la tan llamativa Transición, muy alabada por algunos y muy rechazada por otros. Es como si el tiempo transcurrido entre los años 1975 y 1978, se hubiese congelado. Bajo la mirada actual desde la que han pasado cuarenta y cuatro años, tampoco parece que en todo ese tiempo se hubiese hecho alguna medida para erradicar por completo algo tan doloroso para muchos, bien porque no era conveniente, bien porque algunos reformadores del Estado de aquellos tiempos comulgaban más con la dictadura que con la democracia. Ahora, entre todos los españoles, y haciendo un uso de libertades, hay que ocuparse de exigirle al Gobierno que elimine cualquier vestigio del franquismo de dos partes muy importantes: primero, de nuestros lugares públicos, en los que ya se quedó instalado. Y segundo, de nuestras instituciones, en las que se acaba de instalar.
