Lo que el caso ERE se llevó
Exterior del Parlamento de Andalucía - Fuente: perfil de Facebook del Parlamento de Andalucía

El pasado martes 19 de noviembre se dio a conocer la sentencia sobre el caso ERE. El fallo de la Audiencia de Sevilla sobre la antigua cúpula del PSOE andaluz dicta con tono grave el “sistema de fraude” establecido por la Junta de Andalucía en el año 2000 donde se concedían ayudas a empresas en crisis durante más de una década y que ha supuesto un gasto de 680 millones de euros durante la primera década del siglo XXI.

Antes de conocer la lista de condenados del proceso, vamos a rebobinar para conocer en qué consistió este fraude.

En el año 2000, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, abrió una caja para ayudar a empresas en crisis que realizaban expedientes de regulación de empleo, los famosos ERE.

¿Cómo se entregó ese dinero? A través de transferencias de financiación, aprobado por la Consejería de Hacienda y ejecutado por la Consejería de Empleo, con el objetivo de agilizar los pagos a costa del control de los fondos.

De este modo, lo que se ha estado juzgando durante este proceso judicial es este sistema de pagos -al que la Fiscalía considera que se ha utilizado de manera perniciosa- y las responsabilidades de quienes lo idearon.

Los exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández y José Antonio Viera, firmaron en el año 2001 un convenio que permitía agilizar las concesiones de subvenciones. Gracias a este acuerdo, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, podía utilizar los fondos a su gusto.

Así, se desviaron fondos a otros destinos para los que no estaban previstos, como despidos y prejubilaciones para personas que jamás habían trabajado para empresas beneficiadas por los ERE. A estas personas se les llamó intrusos. Casualmente, estos intrusos eran conocidos y familiares de los imputados en el caso.

Sin embargo, los casos más mediáticos son los de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía.

Los 21 condenados por el caso ERE son los siguientes:

- José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía: 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por delito de malversación y prevaricación.

- Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía: 9 años de inhabilitación por delito de prevaricación.

- José Antonio Viera y Antonio Fernández, exconsejeros de Empleo: 7 años de prisión y 18 de inhabilitación para ambos por prevaricación y malversación.

- Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda y Administración Púbica: 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

- Francisco Villarejo, exconsejero de Innovación: 7 años de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

- Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia: 6 años de inhabilitación prevaricación.

- Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda: 9 años de inhabilitación por prevaricación.

- Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social: 7 años de prisión y 18 de inhabilitación para ambos por prevaricación y malversación.

- Antonio Vicente Lozano, exdirector general de Presupuestos: 9 años de inhabilitación por prevaricación.

- Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete, exdirectores generales de IDEA: 6 años y 6 meses de prisión y 17 años de inhabilitación por prevaricación y malversación para Serrano, y 8 años y 6 meses de inhabilitación por prevaricación para Cañete.

- Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo: 7 años de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

- Jesús María Rodríguez, exviceconsejero de Innovación: 6 años de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

- José Salgueiro, exviceconsejero de Economía: 9 años de inhabilitación por prevaricación.

- Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico de la Junta, y Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta: absueltos.

- Juan Francisco Sánchez García, exsecretario general de la Consejería de Empleo: 9 años de inhabilitación por prevaricación.

- Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo, exsecretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo: 9 años de inhabilitación por prevaricación para Aguado Hinojal, y 8 años y 6 meses de inhabilitación por prevaricación para Medina Varo.

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