Entre las preocupaciones de la ciudadanía vasca se encuentran el paro, la situación de las ayudas públicas y la economía, pero la corrupción, en comparación con el resto del estado, no supera el 7% según el Sociómetro del Gobierno Vasco. A pesar de ello, en las últimas semanas esa última cuestión ha estado en el punto de mira por los casos De Miguel y Margüello. El caso de corrupción más importante de Euskadi y la causa penal por irregularidades administrativas afectan también al PNV, ya que muchos de los imputados eran miembros del partido jeltzale.
El 'Caso De Miguel'
Ni el 'Caso Epsilon', ni el 'Caso Hiriko', ni el de la Hacienda de Irún o el de la Hacienda de Vizcaya han sido tan grandes ni han tenido tanta repercusión como el caso en el que Alfredo de Miguel (que da nombre a la trama), diputado por el PNV en la Diputación Foral de Álava, está acusado de liderar una red societaria que se encargaba de cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.
119 años de cárcel, suma de las penas solicitadasSe estima que esas empresas recibieron un total de 700.000 euros en comisiones, además de casi 16 millones de euros en operaciones irregulares y hubo además un intento de recalificación en el municipio de Zambrana valorado en 65 millones de euros. En total, la Fiscalía pide unas penas ejemplarizantes de 119 años de cárcel para los principales procesados. Para De Miguel la Fiscalía solicita 54 años y 11 meses de prisión y le acusa de un total de 27 delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Entre otros acusados, se encuentran el ya mencionado Aitor Tellería, concejal de Vitoria y miembro de las Juntas Generales de Álava por el PNV (se solicita 32 años y dos meses de cárcel) o Koldo Ochandiano, miembro del Araba Buru Batzar y dueño de la prueba primordial para demostrar el pago de comisiones tras la concesión de contratos, el cuaderno B14, que fue detenido en el año 2010 (32 años y dos meses es la petición de pena para él).
En el año 2009 fue Ainhoa Alberdi, empresaria y abogada, quien denunció esos cobros ilegales ante la Fiscalía con 24 grabaciones que demostraban que efectivamente el pago de esas comisiones entraban dentro de lo habitual. La denuncia llegó después de que De Miguel y Aitor Tellería le exigieran un pago de 100.000 euros a la letrada, que se había convertido en gerente de una empresa que con anterioridad había pactado mordidas de tal cantidad para la ampliación del Parque Tecnológico de Álava. La misma denunciante hace nueve años ratificó hace apenas unas semanas esas acusaciones en la Audiencia Provincial de Álava, declarando que teme “no ser la única” que había pasado “por la caja”.
Un macro juicio con 26 encausadosA pesar de que ya haya pasado casi una década de la denuncia contra algunos de los miembros del PNV de Álava, no ha sido hasta el ocho de enero de este año cuando ha empezado el macro juicio donde hasta 26 personas se ven implicadas en la trama. El que fuera número dos del partido jeltzale en Álava dirigió diversas empresas de las que Aintzine de Miguel (su hermana) era contable y tenía como testaferros a diferentes personas de su confianza. Investigaciones de la Policía en 2011 demostraron que efectivamente una de esas sociedades llegó a recibir pagos equivalentes al 4% de contratos de obra pública en municipios como Zigoitia o Lapuebla de Labarca, consistorios gobernados por el PNV, donde se utilizaban técnicas similares a la Gürtel o la Púnica, camuflando las facturas con supuestos asesoramientos de los que no hay constancia.
Durante todos estos años el PNV siempre ha recalcado que esta trama es un “caso aislado” (en caso de que se llegue a demostrar) y que no tiene nada que ver con pagos irregulares al partido jeltzale. Lo que sí destacan los nacionalistas es que estas personas implicadas en el caso ya no pertenecen al PNV y que la corrupción "no casa ni con los valores ni con la sociedad vasca", tal como declaró el Lehendakari, Iñigo Urkullu.
El 'Caso Margüello'
Al igual que el anterior caso, esta trama se empezó a investigar en el año 2009 y en este caso involucra a altos cargos elegidos por el Gobierno de Juan José Ibarretxe, a un testaferro y al doctor Margüello, que da nombre al caso, los cuales se enfrentan a una posible pena de 11 años de cárcel a petición de la Fiscalía. El principal imputado en esta causa penal es el ex Jefe de Calidad del Hospital de Cruces, aunque el pasado lunes Margüello negara cualquier tipo de responsabilidad en las empresas supuestamente beneficiadas ilegalmente por por contratos adjudicados por Osakidetza en 2006. Aún así, admitió tener el 1% del accionariado de una de esas sociedades por “amistad” y por “apoyar” a Edurne Fernández. La Fiscalía acusa a esta última de prestarse a “aparecer frente a terceros y frente a la Administración como la titular y gestora de estas sociedades, realizando todos los trámites necesarios para la adjudicación de los contratos (irregulares)”.
La Fiscalía de Vizcaya también constata que Rafael Cerdán y José Ramón Elorriaga, dos altos cargos del Departamento de Sanidad del Gobierno de Juan José Ibarretxe (PNV), se saltaron de manera evidente los procesos pertinentes para beneficiar a empresas privadas de las que Margüello era jefe y Fernández, testaferro. En total se estima que se desviaron hasta 6,8 millones de euros y además de pedir penas de hasta 11 años de carcel, la Fiscalía ha solicitado la devolución integra del dinero desviado.
El juicio, que esperaba quedar visto para sentencia esta misma semana, tendrá que esperar ya que el testigo clave de la Fiscalía, Rafael Bengoa, ex Consejero de Sanidad en el Gobierno de Patxi López no pudo acudir al juicio por estar en Brasil y no recibir la notificación a tiempo. Se espera que el hombre que ordenó revisar los expedientes de contratación con las empresas de Margüello declare próximamente. El número dos de Bengoa, eso sí, declaró el pasado martes que la contratación de la empresa del principal acusado para para la derivación de empleados en lista de espera “ni estaba justificada ni era habitual”.
