20 de Septiembre de 2017, posiblemente sea un día que pase a la historia de la democracia española. A primera hora de la mañana, en la Conselleria de Economia de la Generalitat, se producía un hecho totalmente impropio de una democracia; 14 personas que colaboraban para la organización del referéndum el 1 de Octubre han sido detenidas por la Guardia Civil, entre ellas se encontraba la mano derecha de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, actual secretario general de la Vicepresidencia y de Economia y Hacienda del gobierno catalán. Posteriormente a las detenciones, cientos de miles de catalanes se han movilizado masivamente hasta el lugar de los hechos hasta altas horas de la madrugada, con la finalidad de que las detenciones cesasen y se dejase de investigar en la Conselleria de Economia.
La movilización de la Rambla de Catalunya ha sido la que más repercusión ha tenido, entre otras destacan la de la Vía Laietana donde se encuentra la Conselleria de Exteriores y Gobernabilidad y en la que la Guardia Civil ha entrado; CC.OO al ver la situación, se ha unido a la manifestación. A lo largo del día, la intervención policial más provocativa ha sido delante la sede de la CUP en Barcelona, ya que la han rodeado sin tener previa autorización judicial. No hace falta decir lo que estaban buscando, desde luego hacer amigos no.
Poco importa que el gobierno español no haya declarado el Estado de excepción o que no haya activado formalmente el artículo 155 de la Constitución Española, ya que está actuando con tal autoritarismo que podría decirse con mucha tranquilidad que ambas actuaciones están activadas. Además, ayer , Montoro afirmaba la total intervención en las cuentas de la Generalitat de Catalunya, bloqueándolas; clara pérdida de autonomía a la que se ve sometida el pueblo catalán.
Es increíble la manera en que el Partido Popular se beneficia del Estado de Derecho, lo está llevando a cabo con plena libertad, ya que solo aplican la parte de la Constitución y las leyes que les conviene; la parte de las libertades y derechos fundamentales se la están saltando a su antojo, no solo a nivel nacional, sino que también están violando el derecho internacional de una forma inadmisible. Es necesaria una intervención de la Comunidad Internacional, expresamente de las Naciones Unidas, ya que se ha cruzado una linea roja que jamás debería haberse pasado; detener a cargos políticos por sus ideales. En el caso que lleguen a encarcelarse, estaríamos hablando de presos políticos, algo muy grave en un “Estado democrático”.
El problema no está en estar a favor de la independencia o no, sino que se trata de democracia, libertades y derechos fundamentales.
¿Acaso no tiene suficiente el Partido Popular con robar todo lo que han querido todos estos años, que ahora también quitarnos los derechos civiles y políticos? ¿En que mente cabe detener a cargos públicos electos por tener ideas políticas diferentes a las del gobierno central? Desde luego en un gobierno democrático no; en un gobierno autoritario, sí.
