26 de junio de 2017: las FARC realizan la dejación de armas, el pronóstico según los gigantescos medios de comunicación más influyentes de Colombia; Ardila Lule y Santo Domingo, con el 75% del control de la información que se da y de la que se habla, es el siguiente: Fin de la rebelión armada.
Éste es un ejemplo de cómo se está vendiendo el proceso de paz a la ciudadanía sin tener en cuenta la realidad de hechos que se enmascaran. Unos hechos que duelen, no por las cifras, sino por el daño que conlleva a las vidas asesinadas, amenazadas, secuestradas desaparecidas y desplazadas en Colombia.
Los continuos asesinatos a líderes/as sociales Colombianos/as y las amenazas recibidas a nivel nacional e internacional a refugiados/as y exiliados/as Colombianos/as a mano de la complicadísima red de criminales paramilitares, desmiente la veracidad del presidente y Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos , quien conjuntamente a su papá político Álvaro Uribe señaló y nombró al paramilitarismo de bandas criminales sin ningún hilo de conexión con el sistema. Mientras, por otra parte, el ejército nacional se manchaba de sangre matando a civiles a sangre fría y disfrazando los cuerpos de guerrilleros muertos en combate, dando lugar al conocido caso de los Falsos Positivos que aún se aguarda en la impunidad.
Ante esta situación, la respuesta del gobierno mano a mano con la Comunidad Internacional es la de reconocer a los defensores y las defensoras de Derechos Humanos y darles protección mediante la aplicación del Programa de Promoción y Protección de los Derechos Humanos impulsado el 2010. Este programa llevó a la redacción de un conjunto de medidas políticas: Política Pública Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a partir de un sistema de participación directa de 19.031 personas y 9.000 organizaciones sociales representantes de diversos colectivos colombianos, según datos de PNUD.
Así pues, cumpliendo con los objetivos de ambos programas son el conjunto de la población colombiana y la comunidad internacional quiénes deben actuar para la dignificación de los Derechos Humanos, y es el gobierno quien tiene el deber de crear la estructura necesaria para implementar medidas que permitan asegurar la protección y garantía de los DDHH, así como la prevención y la implementación de pedagogía de paz.
Una vez más, el papel solo sirve para soñar: una realidad crudamente complicada e irreal si tenemos en cuenta que los mismos que deben proteger a la ciudadanía y a los defensores sociales, en concreto: ejército; policía nacional y funcionariado, son los mismos que en contrapartida persiguen y asesinan a defensores/as, disparan a la ciudadanía unida en manifestaciones pacíficas e interfieren trabas burocráticas.
Las solicitudes de protección a defensor/as sociales en Colombia aumentaron en el tramo de un año "2015-2016" de 20.000 a 40.000.
Según dadas de la ONU las solicitudes de protección a defensor-as sociales en Colombia aumentaron en el tramo de un año "2015-2016" de 20.000 a 40.000, las cuales en el contexto de crisis económica por la que está pasando el país y la falta de herramientas para dar respuesta y medios eficaces no es de extrañar que en lo que va de año; se hayan asesinado a más de 42 defensores-as.
Ante estos hechos el planteamiento es el siguiente: ¿Habrá realmente acuerdo de paz? Se han realizado muchos esfuerzos colectivos para llegar a ello, y aun con la derrota del referéndum, siguen las negociaciones para llegar al punto en que sea posible un consenso entre las FARC y el gobierno. Además, en éstos momentos se están realizando los primeros pasos para una posible apertura de diálogos de Paz con el ELN.
Si tomamos en consideración que hay otros actores importantes en este conflicto; actores vivos y directamente activos de los cuales no se hace hincapié a nivel internacional, parece ser que se están intercambiando los papeles, un intercambio de quién está al mando de la violencia. Podemos ver ejemplos en aquellos actores que, a medida que los guerrilleros van dejando territorios para reincorporarse a la sociedad, y ante la falta de aplicación del punto uno del acuerdo: Reforma Rural Integral, van entrando para quedarse con tierras que les van a dar ganancias económicas y poder: grupos paramilitares y multinacionales.
¿Cómo podemos dejar de pensar en violencia si en las negociaciones no se ponen todas las cartas sobre la mesa? ¿Dónde está la paz en un país donde mueren constantemente defensores y defensoras sociales? donde no hay garantía de seguridad pública porque existe un doble juego de mercenarismo; donde cada víctima más resulta ser un paso de retroceso hacia la paz.
