Joseph Schumpeter sostenía que un sistema es democrático, en tanto en cuanto las elecciones, en las que concurren los líderes políticos, tengan determinadas condiciones de competitividad. Pese a que esa idea describe mejor un sistema de designación de élites que una democracia, sí es bueno que hayan elementos que atenúen las ventajas iniciales con las que pueda contar un candidato sobre otros. En este sentido, los debates electorales contribuyen a equilibrar los diferentes recursos de cada organización. Sin embargo, hasta el momento la cuota de pantalla se determinaba según la representación que cada partido había conseguido en las últimas elecciones (art. 67 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General). Este criterio, como favorecía a las formaciones más fuertes, ha servido para mantener cierta inalterabilidad en el sistema de partidos.
No obstante, en este momento, la fuerza con la que han irrumpido Podemos y Ciudadanos ha hecho imposible excluirles de los debates electorales. Ya que, por un lado implican grandes audiencias para las distintas televisiones, pero también despiertan un interés difícilmente cuestionable. Ahora bien, ello no ha permitido el esperado debate entre los candidatos a presidente de los cuatro partidos con más opciones de presidir el gobierno. Pero, ¿por qué es importante este debate? Porque en el actual régimen político no ha habido otro momento en el que más de dos partidos se disputen, al menos, el formar parte del gobierno. Y ello ocurre gracias a una relativa cercanía en estimación de voto entre cuatro formaciones políticas.
Una vez dicho esto, hay que matizar algo que no se remarca lo suficiente: el Partido Popular no acude a esos debates como gobierno en funciones, sino como partido que aspira a ocupar (nuevamente) el gobierno. En consecuencia, debería ir a estos debates en las mismas condiciones que las del resto de formaciones. A pesar de eso, en el debate del 7 de diciembre, su candidato a presidente del gobierno no acudió con sus homólogos del resto de fuerzas. Es una opción que habrán tomado haciendo sus cálculos electorales, pero no deja de suponer una situación dispar, en la que debatían tres candidatos a presidente del gobierno, y otra persona que no fue a ese debate como vicepresidenta del gobierno, sino como candidata “rasa” por el Partido Popular a las elecciones legislativas.
Al respecto, lo comentado anteriormente sirve para cuestionar la justificación que alega el partido de Génova. Esta formación alude que ellos son un equipo y por eso cualquier persona del mismo puede representarles en el debate. Sin embargo, el hecho de que sea un equipo no impide que cada miembro tenga sus competencias delimitadas. Por ejemplo, en un partido de fútbol el balón lo suelen sacar jugado desde atrás los defensas, para que después los centrocampistas distribuyan el juego y, normalmente, los delanteros sean quienes disparen a puerta. En cambio, el portero solo sube a rematar los saques de esquina, cuando su equipo va perdiendo y queda poco tiempo. O sea, en condiciones generalmente excepcionales. ¿Hay alguna excepcionalidad que justifique el cambio que ha hecho el Partido Popular?
Las estrategias partidistas
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En otro orden de cosas, los debates son también interesantes porque el enfrentamiento dialéctico entre los oponentes, no solamente permite ver quien de ellos domina con mayor soltura la retórica, sino que también hace posible identificar las estrategias que están siguiendo cada formación política. En estas condiciones, cobra sentido la llamada “democracia de audiencias” formulada por Bernard Manin, la cual describe unos partidos más desideologizados que conciben a los electores como audiencias a las que seducir mediante el correcto manejo, en cada instante, de los temas clave.
De esta manera, a grandes rasgos, el PSOE se presenta a sí mismo como la única formación que pueda oponerse a las “derechas” (para el PSOE éstas son PP y Ciudadanos). Esta estrategia no es nueva, puesto que el famoso “que viene la derecha” es empleado por este partido desde los años 90. Por consiguiente, el objetivo es hacer parecer a Podemos en fuera de juego, y presentar al PSOE como la única alternativa posible al PP. De nuevo aparece la rentable doctrina del “voto útil”, que busca retrotraer el enfrentamiento al momento en el que las dos fuerzas políticas tradicionales todavía predominaban. Enfrente, el PP se está vendiendo como un hábil gestor que ha sabido mantener el país a flote incluso en plena crisis económica. Asimismo, presume de ser el partido con el que más empleo se crea, aunque eso implique minimizar los costes sociales de sus políticas.
Mientras tanto, entre las nuevas formaciones, Podemos busca reactivar a sus simpatizantes con la afirmación de que “huele a remontada”. Al mismo tiempo que intenta presentar su proyecto político como profundamente transformador, pese a que en esencia no deja de contener una fuerte matriz socialdemócrata. Por último, Ciudadanos busca enfocar su campaña dando especial importancia a sus propuestas y parece que no entra tanto en críticas al resto de formaciones. No obstante, han levantado una fuerte polémica con algunas de estas propuestas, tal y como sucede con el contrato único, o con los cambios que proponen en violencia de género.
Las conclusiones
En primer lugar, hay que reconocer que es injusto que una fuerza como Izquierda Unida no haya participado en el debate del 7 de diciembre, pero su situación es muy distinta a la de estos cuatro partidos. Así pues, la formación de izquierdas no ha podido hacer valer su representación institucional frente al interés mediático que despiertan las previsiones electorales. Una vez dicho esto, en un sistema liberal representativo, como el español, los debates son ya ineludibles. Por esa razón, merecen una regulación que permita el máximo número de éstos y garantizar así la participación de las fuerzas políticas que, en cada momento, resulten más interesantes a la ciudadanía.
Por tanto, no debe tratarse de una legislación rígida que pueda ser dominada por el gobierno de turno, sino que debe ser flexible y conceder más atribuciones a la Junta Electoral Central. Ahora bien, actualmente este órgano sufre el mismo mal que casi todo el sistema político español: su nula independencia del poder legislativo y ejecutivo. La Junta consta de ocho miembros del Tribunal Supremo (el cual se elige por el Consejo General del Poder Judicial, cuyos 20 miembros son elegidos por el Congreso y el Senado) y también de cinco catedráticos nombrados por el gobierno a propuesta de los grupos parlamentarios. Es vital, para que España se acerque a la democracia, que los órganos que tengan competencias políticas sean independientes del parlamento y del gobierno, o los segundos intentarán influir en los primeros.
Por último, todos los partidos políticos tienen en común que aspiran al poder. Mientras tanto, las campañas electorales son el acto que les permite obtenerlo, y para ello se rodean de asesores y presentan a los candidatos que se cree que más votos conseguirán. En este sentido, los debates electorales se convierten en el escenario donde los candidatos dan forma de relato a las instrucciones de sus asesores, y lo auténtico deja paso a la estrategia más calculada. Sin embargo, los debates sí sirven para averiguar qué programa electoral resiste mejor los embates de los demás. Finalmente, y a pesar de todo, ¿no puede entrañar cierto peligro dar el poder a quien lo busca con gran empeño?
