La interpretación de los datos es clave. Cualquier trabajo puramente cuantitativo se suele acompañar, posteriormente, de una narración que dote a las cifras de un hilo conductor. Ahora bien, llegado ese momento, los datos pueden ser presentados de mil maneras. Para hacerse una idea, basta con recordar como después de unas elecciones casi todos los partidos actúan como si fueran los vencedores de la contienda. Considerando esta premisa, era previsible que el Gobierno destacara en primera plana que este año se han creado 433.900 puestos de trabajo. No obstante, hay otra cifra no tan positiva, como que el aumento de empleados en el último trimestre (65.100), ha sido incapaz de compensar una subida del paro de 30.100 personas.
En cualquier caso, que las contrataciones no alcancen el ritmo deseado, no significa que el empleo este año no haya mejorado, al menos respecto del 2012 y 2013. Es aquí, cuando tienen lugar las interpretaciones políticas. Evidentemente, este tipo de datos son responsabilidad del Gobierno de turno. Por esa razón, el ejecutivo preferirá remarcar los datos anuales y minimizar los del último trimestre. En una economía mercantilista como la actual, aunque el Gobierno no crea directamente el empleo, sí establece el marco legal que influye en las contrataciones. En este sentido, la herramienta principal por la que apostó el Gobierno del Partido Popular, fue facilitar el despido.
La última reforma laboral (del 2012) rebajó la indemnización de 45 a 33 días por año en caso de despido improcedente. Asimismo, también introdujo la posibilidad de despido procedente (20 días por año) cuando la empresa tenga pérdidas económicas o pueda preverlas. En consecuencia, no parece haber dudas de que el Partido Popular diseñó unas condicionales laborales favorables al despido. ¿Por qué? En parte debido a una justificación ideológica en la que la llamada flexibilización laboral cada vez cobra mayor relevancia. Pero, también se debió pensar que si un empresario puede despedir con mayor facilidad, no tendrá tantas reticencias al contratar a nuevos empleados.
Esa manera de entender las relaciones laborales parece olvidar que un empresario no contrata solamente porque le sea más barato despedir, sino porque tiene buenas previsiones en su volumen de negocio y necesitará trabajadores. Y para ello, ¿qué es necesario? Que exista demanda, por lo que los ciudadanos deben tener cierto nivel adquisitivo. Sin embargo, en un contexto de crisis en el que las empresas pueden tener pérdidas, si el Gobierno establece un marco favorable al despido, éstas obviamente optarán por él. Por consiguiente, aumentará el paro, lo que implicará, teniendo en cuenta todo lo recogido hasta aquí, que cobre renovada vigencia aquel concepto marxista de “ejército industrial de reserva”. Dicho concepto determina que cuando existen más trabajadores que oferta de empleo, puede implicar una rebaja en sus condiciones laborales.
Una situación dura y palpable, que se agrava a causa de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) solo aumentará un 0,5% en el 2015, colocándose en los 648,6 euros mensuales. Por tanto, ¿qué tenemos hasta el momento? Un despido más barato y un salario muy bajo comparado con otros países europeos como Eslovenia, Irlanda, Francia o Bélgica. En definitiva, el empleo que se cree bajo el marco legal va a ser sumamente precario. Pero, además el poder adquisitivo de los españoles no aumentará ya que la subida del SMI es anecdótica. En estas circunstancias es tentador que busque asentarse el principio de que es preferible cualquier empleo a no trabajar. No obstante, ese camino puede llevar a que la pobreza también afecte a aquellas personas con trabajo.
