El Grupo Parlamentario Popular planteó hace escasos días en el Congreso una enmienda al proyecto de ley de reforma del Código Penal que autorizará a los jueces a cerrar las páginas web en las que "preponderantemente" se fomente, promueva o incite "directa o indirectamente" al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las personas por motivos como su raza, la etnia o, por primera vez, "por su situación familiar" o por "razones de género". Para los responsables, la nueva ley contempla penas de hasta cuatro años de cárcel y doce meses de multa.

Por primera vez el Código Penal incide en la casuística de las nuevas tecnologías

En este sentido, la enmienda establece que "el Juez o Tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito al que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido".

Al incrementar el listado de motivaciones se pretende perseguir la promoción de la violencia sobre la mujer por el mero hecho de serlo. Asimismo, se aumentan las penas y se incluye una previsión para la casuística de las nuevas tecnologías.

"Cuando el delito se hubiera perpetrado a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. En los casos en los que a través de un portal de acceso a internet se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a los que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo", establece la propuesta del PP en el Congreso.

Esta reforma del Código Penal es aplaudida por muchos. Cabe recordar que desde principios de año diversas asociaciones y entidades feministas denunciaron ante la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación unas cuentas de Twitter por incitación al odio, a la discriminación y a la violencia contra las mujeres. Caras conocidas del mundo de la cultura o de la política también han sido igualmente criticadas por los términos empleados en algunos de sus tweets. En un futuro próximo, todos ellos deberán medir las palabras que caben en 140 caracteres para evitar la cárcel.