La corrupción política reaparece cada cierto tiempo y, cuando eso pasa, se anuncian las protocolarias medidas destinadas a combatirla. Una de las más sonadas es recurrir al endurecimiento de la normativa penal. Sin embargo, aunque ello se pueda debatir, es difícil que solucione el problema. ¿Por qué? Según Cesare Beccaria, la crueldad de las penas no es uno de los mejores frenos para los delitos, sino la infalibilidad de ellas. También defendía que las personas se regulan mejor por la repetida acción de los males que conocen, que por la de aquellos que ignoran. Es decir, se trata de que las personas comprendan lo que les puede suceder, ya que si la pena es excesiva puede no asimilarse y por lo tanto perder eficacia.
Asimismo, más allá de la modificación de la legislación penal, también se proponen otras medidas. No obstante, parece que éstas tampoco llegarían al fondo de la cuestión. Para ello, es necesario partir de que la corrupción es un hecho generalizado, ya que la mayoría de organizaciones que han alcanzado alguna cuota de poder han terminado corrompiéndose, en mayor o menor medida. ¿Ese hecho qué nos está indicando? La conveniencia de trasladar el estudio al ámbito de las instituciones y del poder. En este sentido, las instituciones son las vías por las que transita el poder; un poder que aunque corrompa, como bien sabemos, no se puede prescindir de él.
La división de poderes es útil, tanto para evitar el despotismo como para dificultar la corrupción
En consecuencia, habrá que actuar sobre estas instituciones y sobre el propio poder, puesto que el Estado tiene una cantidad inmensa del mismo, que se encuentra muy poco repartido. Frente a ello, la división de poderes es útil, tanto para evitar el despotismo como para dificultar la corrupción. Así pues, no solo es importante que exista un poder judicial independiente, sino también que el poder ejecutivo (Gobierno) y legislativo (Congreso) nazcan de procesos distintos. Si no ocurre así, no se podrá hablar de división de poderes, sino de una mera separación de funciones.
¿Qué decía Montesquieu al respecto? Que si “el poder supremo ejecutor se le confiara a cierto número de personas pertenecientes al cuerpo legislativo, la libertad desaparecería; porque estarían unidos los dos poderes, puesto que las mismas personas tendrían parte en los dos”. El filósofo francés daba con la clave: conviene evitar la concentración del poder. En teoría, los tres poderes se vigilan entre sí, y a esta garantía se la conoce como checks and balances (sistema de frenos y contrapesos). Pero, este instrumento solo funciona cuando está bien construido.
En España, el poder legislativo y ejecutivo nacen de un mismo proceso, que son las elecciones legislativas. Posteriormente, el partido ganador de las mismas, que ostenta la mayoría legislativa en el Congreso, también es el encargado de formar gobierno. Asimismo, los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se eligen a partes iguales entre Congreso y Senado. Los 12 del Tribunal Constitucional, son elegidos por el Congreso (4), el Senado (4), el partido del gobierno (2) y el CGPJ (2). Finalmente, los miembros del Tribunal Supremo son propuestos por el CGPJ. De esta manera, es imposible que los frenos y contrapesos cumplan su función.
Por esas razones, probablemente, la corrupción aflore con relativa facilidad en el Estado español. Además, el defectuoso sistema de división de poderes se reproduce en otros niveles (autonómico y local), lo que implica que en ellos surja una corrupción similar. Tampoco hay que olvidar la importancia de los partidos, ya que la disciplina de voto partidista convierte a las cúpulas de estas organizaciones en centros destacados de poder. Así que, en estas condiciones, no es extraño que ninguna pureza ideológica vaya a librarles de caer en la corrupción. De modo que, el mejor remedio contra ésta es que el poder esté lo más repartido posible, recayendo en distintas instituciones. Solo así, puede garantizarse que a aquel que gobierne le sea verdaderamente difícil corromperse.
