La palabra “libertad” en su contexto más básico hace referencia al “estado o condición de quién no es esclavo”. Actualizando un poco su significado es definida por la Real Academia Española como “la facultad que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”, y en lo que se refiere a una sociedad, se estipula la libertad como “la facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres”, entonces y según lo dicho en la definición ¿es España una nación bien gobernada?
Rajoy: "Con esta ley pretendemos garantizar la libertad de todos los ciudadanos"
Dejando opiniones aparte, la Eurocámara lo tiene claro; el Gobierno de Rajoy no solo está recortando en educación y sanidad, sino que muchas de las libertades con las contaban los ciudadanos españoles hasta la llegada del Partido Popular al poder, ahora mismo se están viendo gravemente amenazadas.
Si se lleva a cabo un repaso del mandato del Gobierno de Mariano Rajoy, se observa que son muchas las medidas que han provocado un rechazo por parte de la sociedad, entre ellas la polémica reforma laboral, la reducción de las prestaciones por desempleo, la subida de impuestos como el IVA, el IRPF o el IBI, el repago que fija diferentes porcentajes para el pago de los medicamentos en función de la renta, la nueva ley de educación o ley Wert o los recortes en investigación, entre muchos otros que han dado lugar a un antes y un después en los dos años de la gestión del PP; el antes de los tiempos en los que el PP se presentaba como el partido político que acabaría con la crisis en España y donde Rajoy, jurando el cargo ante los Reyes, afirmaba: “lo que no llevo en mi programa no lo haré” y el después, donde sin duda el dirigente popular se ha visto obligado a reconocer, hace algo más de un año, en una entrevista al diario ABC el total incumplimiento de sus promesas electorales diciendo: “soy absolutamente consciente de que no cumplimos nuestro programa”. Estos sucesos han provocado que la valoración del PP haya bajado un 50%, y la intención de voto de los populares haya pasado de casi el 45% de las elecciones de 2011 a un 34%, recogido en octubre de 2013. Esto es el balance, la nota o el diagnóstico, como cada uno quiera llamarlo, que ha obtenido el Partido Popular en sus más de dos años de mandato.
"Esta ley no es digna de una democracia como España"
Sin embargo, esta facilidad de hacer cumplir sus nuevas leyes por la ventaja que les ofrece la mayoría absoluta, parece que ha encontrado algún que otro impedimento y es que el Parlamento Europeo, llamado coloquialmente Eurocámara, lleva meses siguiendo de cerca las reformas de leyes y comportamientos públicos que pueden constituir una violación del derecho de la libertad. Su más reciente intervención ha sido para pronunciarse sobre uno de los últimos proyectos del PP, la llamada “Ley de Protección de Seguridad Ciudadana”, que sanciona con multas que pueden llegar hasta los 600.000 euros la convocatoria y asistencia a manifestaciones, las agresiones físicas o verbales a agentes de las fuerzas del Estado, la involucración en un escrache o la participación en concentraciones no comunicadas ante instituciones de Estado, como por ejemplo el Congreso o el Senado. La Eurocámara ve justificado el razonamiento de la sociedad civil que contempla esta nueva ley como un intento de criminalizar la protesta social. Así lo ha hecho saber la Comisión de Libertades del Parlamento al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, mediante una carta en la que da a conocer la “preocupación por el posible carácter restrictivo del derecho ciudadano de manifestación” y solicita “la información necesaria sobre la repercusión de las reformas previstas” y “su compatibilidad con los estándares europeos de los derechos fundamentales”. Sin embargo, la comisión sigue sin conocer la respuesta del ministro, que no tiene obligación legal de rendir cuentas ante este organismo.
Esta declaración del Parlamento Europeo se ve apoyada por colectivos españoles, como “Reporteros Sin Fronteras”, que afirma que esta ley “no es digna de una democracia como España” o la Asociación “Jueces para la Democracia” que tacha de “inconstitucional” estas imposiciones. Joan Coscubiela, diputado de Izquierda Plural, no se mordía la boca al calificar a dicho proyecto como “la ley de la patada en la boca a la democracia”. Rajoy se defiende de las numerosas críticas afirmando que lo único que se pretende con la ley de Seguridad Ciudadana es “garantizar la libertad de todos los ciudadanos”.
Pero este no es el primer “encontronazo” que ha tenido el Partido Popular y la Eurocámara, también el Parlamento Europeo ha dado a conocer en varias ocasiones su total rechazo a la reforma de la Ley del Aborto por considerar que va en contra del derecho de la mujer a decidir libremente sobre su maternidad, y que coincide con la opinión de la sociedad española que se ve respaldada además por figuras influyentes en la política, como Iratxe García que la calificó como un “retroceso histórico” o Izaskun Bilbao, quien afirma que esta reforma “va en contra de la voluntad de la sociedad española, que espera que sus políticos resuelvan problemas y no que creen otros nuevos”.
Si algo está claro, es que la democracia no solo consiste en un colectivo social que otorga un voto a un grupo de poder en unas elecciones; la democracia es sinónimo de unión y participación, de decidir aquello que los ciudadanos quieren para su sociedad, y denunciar lo que consideran que hace más mal que bien. Esta participación, junto a la libertad de expresión y manifestación es un derecho irrenunciable presente en cualquier sistema democrático y así lo estipula la Constitución Española, con argumentos de peso como su artículo 21 que reconoce “el derecho de reunión pacífica y sin armas, y cuyo ejercicio no necesita de autorización previa de la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes” y encomienda a la autoridad gubernativa “proteger las reuniones y manifestaciones, frente a quienes trataran de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio del derecho”.
