Aires de renovación en Izquierda Unida. El partido dirigido por Cayo Lara pretende mostrarse ante el conjunto de la ciudadanía española como una verdadera alternativa al bipartidismo. Para ello, pone a debate un nuevo programa: Revolución Democrática y Social.
Esta propuesta proviene de la X Asamblea Federal de Izquierda Unida, en la que el joven diputado, Alberto Garzón, adquiere una gran relevancia y se encargará de ser su portavoz. Coordinando la acción política se encontrará José Luis Centella, actual Secretario General del PCE. Esta innovadora propuesta se divide en dos partes fundamentales: la revolución económica y la revolución política.
La revolución económica
Desde Izquierda Unida pretenden superar el capitalismo, ya que éste “no plantea ahora mismo mejorar la calidad de vida de las personas”. Para darle la vuelta al sistema, IU propone varias medidas económicas. Respecto a la deuda pública, IU defiende la realización de una auditoría de la misma para concretar qué parte pertenece a la deuda odiosa para no pagarla; a la vez que se opone a la actual dinámica de endeudamiento público debido a que “supone una amenaza para las conquistas sociales conseguidas a lo largo de todo el siglo XX”. Se cancelarían, por tanto, los contratos con los grandes inversores financieros, siendo compensado con una reforma fiscal y “el hecho obvio de que los mercados volverán a prestar en el medio plazo un entorno de crecimiento", tal y como expone el documento.
Pero no solo trata la deuda púlblica, sino también la posible solución al gran problema que supone el endeudamiento privado, poniendo en marcha programas de reestructuración de la deuda privada, “administrados por los gobiernos nacionales pero siendo financiados a nivel europeo para facilitar un desendeudamiento familiar y estimular el consumo”.
El famoso artículo 135 de la Constitución aprobado por el Partido Popular y el Partido Socialiasta en el 2011 y que prioriza el pago de la deuda y sus respectivos intereses al gasto público, sería abolido, a la par que se derogarían la reforma laboral y la reforma de las pensiones realizadas por el Gobierno popular. También se propone la aprobación de Leyes Orgánicas que “desarrollen el papel social de la propiedad (art.128) y la planificación democrática de la economía (art.131).
"Se derogaría de inmediato el artículo 135 de la Constitución que prioriza el pago de la deuda al gasto púlico" Sin olvidar tampoco la nacionalización de ciertos sectores estratégicos, como la vivienda, energía, infraestructuras, salud, educación, etc. Respecto a la vivienda, se llevaría a cabo una moratoria inmediata de las viviendas y la total reconversión de las hipotécas en alquileres sociales.
Está meridianamente claro que el principal problema de España es el paro. IU apuesta por llevar a cabo un “plan de emergencia para combatir el desempleo y el establecimiento de las bases para una Estrategia Europea de Inversiones”. Además, sería necesaria la coordinación de políticas salariales, subiendo el salario mínimo a la cantidad de 1.000 euros, recuperando así cierto equilibrio entre los beneficios de una empresa y los salarios de sus trabajadores. Pero también se repara en la necesidad de que los trabajadores formen parte en las decisiones de su misma empresa. También se apuesta por “la reducción de la jornada laboral paralela al crecimiento histórico de la productividad”, es decir, para tratar de llegar al pleno empleo, IU cree que el reparto del trabajo es “imprescindible”.
La PAC no se queda fuera en esta propuesta, ya que se envida por un justo reparto de la PAC en lugar de subvencionar a las grandes coorporaciones transnacionales, desembocando en un modelo más descentralizado cuyo eje de referencia sea la economía local.
Y por último, dos reformas que podrían encontrar una gran oposición, no por parte de los ciudadanos, sino por los principales poderes económicos y financieros: una reforma fiscal y la nacionalización de la banca. Izquierda Unida plantea la necesidad de que varios impuestos indirectos que gravan el consumo desciendan, mientras que los directos aumenten. Intentarían la imposición de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras (la famosa tasa Tobin) y la total prohibición de las transferencias con paraísos fiscales.
No solo eso, sino que IU se muestra favorable a la abolición del Tratado de Mastricht y del Pacto de Estabilidad de Crecimiento, así como “toda normativa que establezca el principio de la consolidación fiscal como único criterio para guiar la política de la UE”, alegando que “ el objetivo principal de las instituciones europeas ha de ser la creación de puestos de trabajo”. Respecto a la banca, el partido liderado por Cayo Lara propone su nacionalización y una unión bancaria pública de la UE a largo plazo.
La revolución política
Aparte de todas las medidas propuestas en el ámbito económico, la propuesta liderada por Alberto Garzón también recoge una serie de proposiciones de carácter político. La fundamental sería la puesta en marcha de un Proceso Constituyente que “desemboque en una democracia republicana en el Estado Español”. Estas renovaciones en la política española se dividirían en cuatro partes:
"Se pondría en marcha de inmediato un Proceso Constituyente de carácter republicano" 1. Estatus del cargo público: En este apartado destacan la creación de la figura del revocatorio, por la cual los ciudadanos pueden retirar la confianza de sus representantes en cualquier momento de la legislatura; que los cargos públicos hagan público su currículum profesional, su patrimonio y su renta, además de rendir cuentas cada determinado tiempo ante sus representados; una remuneración justa y equilibrada; la profundización en la ley de incompatibilidades de entre el poder privado y lo público; y una ley anti-corrupción dura y severa, con la eliminación incluida del aforamiento.
2. Participación civil, transparencia y democracia participativa: Izquierda Unida propone la utilización de referéndums abiertos a toda la población a la hora de tomar decisiones importantes relacionadas con la política interior y exterior, a la par que se facilitan las Iniciativas Legislativas Populares; una comisión de peticiones en el Congreso en la que los ciudadanos puedan preguntar a sus representantes, la separación del poder legislativo del ejecutivo (aunque el poder judicial no lo menciona para nada); y fomentar la participación de la ciudadanía en la gestión de bienes y servicios públicos, dando importancia a las audiencias públicas, las asambleas de barrio, los consejos autónomos municipales, etc.
3. Procedimiento electoral: En esta parte podemos encontrar la elaboración de una nueva Ley Electoral, la cual estime que todos los votos de los españoles tienen el mismo valor, además de la modificación del sistema de las circunscripciones; prohibir la financiación privada de los partidos políticos y de sus fundaciones; y legislar sobre el correcto funcionamiento de los mismos, de tal modo que se pueda garantizar la existencia de democracia interna.
4. Democracia en la palabra. El derecho a la no desinformación y contra la acumulación y monopolización de los medios: IU tratará de que los debates publicos y televisivos traten de tener unas condiciones de pluralidad con la mayor presencia posible de partidos; una democratización de los medios en la cual las redacciones tengan más poder de decisión a tratar que sus dueños; y ampliar el cupo destinado al uso de la palabra en el Congreso para tratar de expresar la totalidad de las opiniones políticas.
