La desafección política en España hace que los ciudadanos se muestren más críticos y escépticos con los representantes o se radicalicen sus ideologías. Así aumentan las muestras de opinión de desaprobación política en diversos soportes. Dos de esos casos que han sucedido esta semana en España nos hacen reflexionar sobre la libertad de expresión.
El lunes, la Audiencia Nacional decidía imponer una pena de un año de prisión y siete meses de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos a una joven viguesa. Alba González Camacho, acusada de apología de la violencia y enaltecimiento del terrorismo, ha decidido acatar la sentencia para evitar dos años de cárcel y ocho meses de inhabilitación absoluta, los que había solicitado la Fiscalía. Su delito fue expresar sus ideario a través de su cuenta en Twitter, en la que pedía la vuelta del GRAPO y la muerte de los miembros del Ejecutivo, Mariano Rajoy y Luís de Guindos. La Fiscalía calificó su perfil en la red social de “contenido ideológico de elevado carácter radical y violento" por sus comentarios del tipo: “Que vuelvan los GRAPO... necesitamos una limpieza de fachas urgente” o “Prometo tatuarme la cara de quien le pegue un tiro en la nuca a Rajoy y otro a De Guindos”.
Por otro lado, la censura ha llegado también al mundo artístico, siendo el caso salamantino de hace dos días un ejemplo de esto. Allí, el ayuntamiento, mediante un comunicado de prensa ha expresado su decisión de “revocar la autorización para la exposición” de Ausín Sáinz, alegando que sus imágenes son inadecuadas para un público principalmente familiar. En ellas se exhiben figuras relevantes de la política, como la Infanta Cristina o Mariano Rajoy, ornamentadas con heces y otros elementos en un tono satírico. Por su parte, el autor ha comunicado a través de su website que “siempre trabaja con temas relacionados con la denuncia social. La corrupción es el tema actual más relevante”. Además se queja de no comprender el motivo de la decisión tomada por el director de la sala de exposiciones, Lorenzo Beráldez Villarroel, pues sostiene que este ya estaba informado sobre el contenido de su obra.
Finalmente, sus cuadros de arte contemporáneo no serán expuestos al público de Salamanca, a pesar de ya estar preparada la exposición, corriendo parte de los gastos a cargo del artista. Este lamentaba: “Por desgracia todo esto está sucediendo en mi país... Hay muchas cosas que cambiar y yo no estoy dispuesto a dejar de trabajar para mover conciencias y conseguir un país más justo”.
Tanto el caso de Alba como el de Ausín son anécdotas de una realidad donde la polémica divide a la opinión pública, en el que cada bando pone los límites de la libertad de expresión en latitudes distintas, causando la disensión en la sociedad.
La libertad de expresión es un derecho humano universal recogido en la Declaración de Derechos Universales de 1948 en el artículo 19, que reza así: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, […] y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Si nos atenemos a la literatura aquí reproducida, ambos casos están ejerciendo su derecho para hacer crítica y denuncia a través de soportes informáticos o artísticos. Los dos son producto de la desafección política que arrasa en España –aunque en el resto de Europa la problemática es la misma–. Los dos han salido perjudicados.
Pero… ¿debe tener límites la libertad de expresión o cualquiera tiene el derecho a decir lo que quiera, aún a sabiendas del perjuicio que está causando? A menudo se ponen los límites cuando la libertad de expresión atenta contra el derecho al honor de otra persona, recogido en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos: “Nadie será objeto de injerencias […], ni de ataques a su honra o a su reputación”. Si tenemos en cuenta este derecho, Mariano Rajoy, junto a las otras ‘víctimas’, son los perjudicados, pues sobre ellos se han hecho ataques.
Se abre aquí el debate de hasta dónde se puede llegar para decir lo que se quiera. Esta semana la justicia y el ayuntamiento de Salamanca han puesto los límites a esa libertad de expresión que atenta contra el derecho al honor, sancionando y censurando. Sin embargo, esto no supone un punto final a la discusión sobre los límites de la libertad de expresión, sino un avivamiento del debate.
