Hasta no hace demasiado tiempo Cádiz era conocida como referente y cuna de libertad, una virtud asentada en unos libros de historia que refrendaban la citada condición de esta ciudad trimilenaria. Debido a su situación geográfica históricamente siempre fue un puerto de referencia, acogiendo siempre con hospitalidad e interés comercial a toda cultura que entablara cualquier tipo de relación e intercambio con el suelo de La Tacita de Plata. Con el descubrimiento de América esta realidad histórica se multiplicó por diez, pues Cádiz se convirtió en una de las principales vías de comercio con el Nuevo Continente. Todo ello atrajo prosperidad a la ciudad, que también sufrió el ataque de piratas, asaltantes de tanto prestigio histórico como Francis Drake, también de la armada angloholandesa que asaltó e incendió Cádiz en 1588. Los citados hechos obligaron al temporal traslado del comercio con América a la ciudad de Sevilla, pero el dificultoso trayecto navegable por el Guadalquivir restableció con posterioridad la parada de marítima de obligado cumplimiento en la ciudad gaditana del sur de Europa.
De esta forma Cádiz, ciudad multicultural creció y desarrolló bajo un estilo de vida cosmopolita, convirtiendo la ciudad en referente de libertad, especialmente tras el convulso siglo XIX, en el que los gaditanos resistieron primero a los ingleses y luego a las tropas napoleónicas, que no pudieron tomar la estratégica y privilegiada posición de La Tacita de Plata. Aquella defensa provocó que Cádiz fuera elegida como sede para redactar la primera Constitución española, hecho histórico acecido 19 de marzo de 1812 momento culminante para una ciudad que en otra época fue cuna de la libertad, pero que hace varias décadas entró en una regresión profunda que le ha impedido desarrollarse en muchos de los derechos y deberes que siempre portó la bandera de su abierto y peculiar carácter.
Y aun reconociendo la culpabilidad de los propios ciudadanos, solo basta un repaso histórico por la economía e industria de la ciudad para percatarse del elevado grado de responsabilidad en este abandono de los políticos, que no han respondido con suficiente preparación a la confianza depositada por los gaditanos y no han sabido reclamar al Gobierno central de turno para la ciudad las urgentes medidas que habrían impedido o minimizado el impacto regresivo que ha acabo con todo tipo de prosperidad y esplendor de otros años. La realidad es que desde muchos antes de la crisis galopante que acucia a España, Cádiz ya era la provincia con el más elevado nivel de paro, circunstancia que se ha agravado ostensiblemente con los últimos acontecimientos. He conocido muchos gaditanos que se han subido a una grúa para ganarse el pan con un puesto de trabajo digno, pero me entristece mucho comprobar que para esos mismos que buscan el derecho fundamental, la altura de una grúa se ha convertido en el desesperado enclave en el que esperan encontrar las respuestas y soluciones.
La verdad es que Cádiz, las promesas para su ciudad y sus ciudadanos se basan en una gran mentira, tan reciente como el Bicentenario, tan costosa como ese puente de la Pepa que tanto tarda en conectar con la otra orilla, donde no nos espera las Américas sino Puerto Real, una ciudad tan castigada como la gaditana. Pues Cádiz comienza escribir epitafios por cada esquina, donde familias enteras se sustentan con pensiones de abuelos y abuelas, privilegiados en la antesala de las colas que se forman a diario a las puertas de Iglesias y comedores sociales. Cádiz siempre tendrá voz por febrero pero cada vez cuesta más mantener la sonrisa, especialmente si en el lugar en el que deben defenderse los intereses y necesidades de la ciudad se establece el reino del absurdo entre ostentadores del poder e inútiles aspirantes a la poltrona.
Especialmente doloroso resulta el hecho de comprobar que el único resquicio legal que poseía el ciudadano para hacerse oír tiene las horas contadas en el Consistorio gaditano, dirigido desde hace casi dos décadas por la Excma. Sra. Alcaldesa Teófila Martínez. Hecho que se veía venir desde la irrupción en el pleno del activista del 15-M Lorenzo Jiménez, conocido por su discurso de espaldas a la bancada de los políticos en ese mismo escenario, y la mediática intervención de Inmaculada Michinina, que no hicieron otra cosa que decirles a la cara todo lo que escuchan cada año por febrero en el teatro Falla.
El aluvión de testimonios críticos ha provocado el final en Cádiz de uno de esos trocitos de libertad que la hacía diferente, uno de los pocos que le quedaban, la intervención libre de los ciudadanos en el turno de ruegos y preguntas de los plenos. Ahora se exigirán temáticas por escrito y límites de tiempo a los intervinientes, y por esa razón por escrito les dejo en estas líneas al partido gobernante y a la oposición, que han tenido la libertad para tomar las decisiones correctas para la ciudad de Cádiz sin ningún límite de tiempo y lo que han hecho ha servido para muy poco o nada. Para convertir la ciudad que sonríe en la ciudad que es motivo de risa, para convertir ese turno de ruegos y preguntas en siete turnos de tres minutos en los que jamás cabrían siete o más décadas de decadencia y sobre todo para reinstaurar la censura en la voz libre del gaditano, que mucho me temo nunca será suficiente motivo y tema concreto de interés y competencia municipal para el gobierno de turno.
Como bien dice el teniente de alcalde Ignacio Romaní, Cádiz es la única capital de Andalucía donde se le permite hablar a cualquier persona que lo solicite, pero con todo el respeto y la decepción que me merecen nuestros políticos, decisiones como las tomadas por el Consistorio para buscar la ‘garantización’ de la palabra del ciudadano, son las que han provocado durante años en los gaditanos la desazón de sentirse cada día menos libres. Una ciudad que por responsabilidad política y conformismo ciudadano dejó de sonreír y ser referente y cuna de la libertad.
