El pasado martes el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática, que será sustituida a la aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Esta nueva ley pretende la activación de un plan estatal de exhumaciones de fosas, creación de una Fiscalía para investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura o la “resignificación” del Valle de los Caídos, pero de momento se convertirá en un “cementerio civil”.
La nueva ley, que consta de 66 artículos, es “un paso importante para este Gobierno”, pero sobre todo “importante para la democracia española”, en palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo. Este anteproyecto aprobado el pasado martes, debe ser enviado a los órganos consultivos antes de regresar de nuevo al Gobierno e iniciar su andadura en el Congreso.
Entre los objetivos de estas medidas se encuentra paliar los vacíos de nuestro país en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas que lleva años señalando Naciones Unidas. La idea del Gobierno es centrarse en algunos puntos que en la ley aprobada en 2007 no se llegaron a hacer realidad, por ejemplo, la Administración será la responsable de buscar los restos de miles de personas represaliadas, la mayoría aún sin identificar.
En palabras de la propia ministra, “reconocemos a quienes están todavía sin identificar en fosas comunes y el enorme sufrimiento que ha provocado durante la dictadura y la democracia esta situación injusta e impropia de la democracia”.
También ha señalado que esta ley tiene una intención “pedagógica”, ya que prevé la inclusión de la misma en el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y la formación del profesorado. “Nunca más España debe perder sus libertades. Ahora nos toca profundizar en la democracia, mejorarla en todo lo posible y trasladarla a las generaciones futuras”.
Otros de los aspectos que hay que mencionar es la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para la investigación de los hechos producidos en la Guerra Civil y la dictadura hasta la entrada en vigor de la Constitución y que constituyan violaciones de derechos humanos.
La reparación de las personas que realizaron trabajos forzados o la realización de una auditoría de los bienes incautados por razones políticas, ideológicas o religiosas durante la guerra y la dictadura. También la supresión de títulos nobiliarios concedidos durante la dictadura que tengan “connotaciones” y vinculación política con el Golpe de Estado y la imposición del franquismo y de medallas y reconocimientos policiales y militares.
Esta nueva ley declara “ilegítimos” los tribunales formados durante la Guerra Civil responsables de las persecuciones y represalias por motivos religiosos, políticos o ideológicos, anula las condenas y sanciones dictadas por estas mismas razones durante la dictadura y declara “nulos de pleno derecho” los juicios.
“La democracia no puede reconocer de ninguna manera estos juicios al margen de la legalidad propia de cualquier estado de derecho”, explicaba Carmen Calvo. También hay más novedades, aparece un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar un máximo de 150.000 euros, y permite el acceso a la nacionalidad española de los descendientes de brigadistas internacionales que combatieron en la Guerra Civil en el bando franquista.
Las fundaciones o asociaciones que hacen apología del franquismo serán ilegales, una medida que podría tener consecuencias para la Fundación Francisco Franco, y El Valle de los Caídos será, de donde fue exhumado el dictador hace casi un año, “un lugar de memoria”. Además, se suprimirá la Fundación de la Santa Cruz de Valle de los Caídos.
Como última novedad, la ley declara el 31 de octubre (día que se aprobó la Constitución en 1978) día de Recuerdo y Homenaje a Todas las Víctimas, y el 8 de mayo Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Exilio.