El gobierno ha decidido unilateralmente que el hombre que sustituya al Fiscal Maza sea Julián Sánchez Melgar, en el PSOE se ha criticado la elección de este ya que se le ha tachado de “conservador”; algo que no es sorprendente ya que sigue la misma linea trazada por el Partido Popular desde su nacimiento. Entró en la Carrera Judicial el 1983 y ascendió a Magistrado el 1987. Ya en el 1999 pasó a ocupar el cargo de Magistrado en la segunda sala del Tribunal Supremo, función que ha desempeñado hasta la actualidad.
La figura del Fiscal General ha cobrado mucha importancia tras los últimos acontecimientos políticos, concretamente con el desafío soberanista, ya que se ha acusado al Gobierno catalán de sedición, rebelión y malversación de fondos. El Fiscal General fue el que se encargó de tramitar las querellas contra el Parlamento catalán.
Las funciones del Fiscal General del Estado están reguladas en el artículo 124 de la CE: “El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tienen como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.
Pero lo que diferencia el Fiscal General del Estado de los otros órganos judiciales es que ante un caso que ha pasado a disposición judicial, insta a que se pague la mayor pena por el delito cometido. Finalmente, la última decisión recae en el juez que se encarga del caso en particular; suele ser una decisión intermedia entre lo que propone el Fiscal General (una pena mayor) y abogado defensor del acusado (una pena menor).
Los Estados Occidentales, sobre todo los europeos, suelen presumir de tener una justicia independiente. Podríamos hablar de justicia independiente si fueran los jueces los que se eligieran unos a otros cuando se elige quien debe ocupar los altos cargos del Poder Judicial; aquí se podría confirmar con mucha tranquilidad la independencia de dicho poder, pero no es el caso. Es incoherente hablar de justicia independiente, cuando hay una fuerte injerencia del poder legislativo y sobre todo del poder ejecutivo (Gobierno español) a la hora de elegir los altos cargos judiciales. No solo el Fiscal General es nombrado a dedo, sino que miembros del Consejo General del Poder Judicial, así como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sufren de una intervención total del poder legislativo para el nombramiento de estos.
Es de pésima calidad democrática que el Poder Judicial se vea tan sometido al Gobierno de un país ya que la ideología del juez se ha convertido en un requisito no regulado pero si imprescindible para ser nombrado; lo que limita la calidad de la justicia ya que puede darse el caso que un juez con una gran capacidad para ejercer el puesto nunca llegue a ocuparlo, por el mero hecho de no compartir la ideología con el Gobierno del momento. Muchos cambios se tienen que dar para poder hablar de democracia en su totalidad de la palabra.