Hace diez años estalló el escándalo de la denominada “trama Gürtel”, que se inició tras la denuncia del exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, también involucrado en el caso y al que se le solicitan 6 años y 5 meses de prisión, además de las investigaciones de varios periodistas que destaparon el caso públicamente. La Fiscalía Anticorrupción, tras casi una década desde que viera la luz el caso, ha hecho públicas sus conclusiones.

Hace menos de un mes, un perito de Hacienda, que redactó varios de los informes que se han utilizado como prueba durante el juicio, corroboró que el PP se financió de forma ilegal para las elecciones municipales de 2003, y hoy las fiscales han confirmado su petición para que el PP pague una fianza de 245.492€ por los delitos cometidos por los ex alcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Desde el Ministerio Público piden que se les condene por lucrarse con la organización corrupta después de que Anticorrupción haya considerado demostrado que el Partido Popular nacional se beneficiaba de forma fraudulenta con el dinero que le aportaba la Gürtel para actos electorales en los ayuntamientos donde Guillermo Ortega (piden para él 50 años y 4 meses de prisión) y Jesús Sepúlveda (piden para él 15 años y 4 meses de prisión) fueron elegidos alcaldes, a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

El perito de Hacienda dejó probado que las empresas de Correa, desde su caja b, abonaron algo más de 110.000€ al PP para que, además de financiar sus campañas electorales en Pozuelo, también sufragara varios gastos en la sede del partido en el mismo municipio. A cambio de adjudicaciones fraudulentas en Pozuelo y Majadahonda, las empresas de Correa abonaron un total de 245.000€ al PP.

Por otra parte, la exministra y exmujer de Jesús Sepúlveda, Ana Mato, también está condenada y el Ministerio Público reclama 28.467 € después de que considerase la fiscalía que se benefició de la financiación con viajes y fiestas privadas. Asimismo, cabe decir que  la fiscalía solicita la condena de ambos como partícipes lucrativos, ya que a pesar de beneficiarse con el delito no considera que conociesen el origen del mismo, aplicándoles así tanto al PP como a Ana Mato una condena civil.

Sin cambios significativos en las penas

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás han mantenido gran parte del escrito provisional, en el que continua la petición de pena de prisión para el líder de la trama, Francisco Correa, por 125 años y un mes de prisión; para su segundo, Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego, por el que piden 85 años y 6 meses de prisión, y el responsable de Orange Market, Alvaro Pérez ‘El Bigotes’, por el que piden cinco años y dos meses. Estos tres acusados ya se encuentran en prisión desde el pasado mes de febrero cumpliendo la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por amañar los contratos del expositor institucional de la Generalitat Valenciana para la Feria de Turismo Fitur.

Las modificaciones más notables que ha registrado la fiscalía han sido en cuanto a Luis Barcenas y Rosalía Iglesias. Para el extesorero del Partido Popular se le solicitaban 42 años de prisión, pero finalmente, tras retirar uno de los ocho delitos contra la Hacienda Pública (correspondiente al IRPF), por el que pedían tres años, la petición ha descendido hasta los 39 años. Para su mujer, sin embargo, la fiscalía propone al tribunal que se le considere cooperadora de los delitos fiscales que ha cometido su marido, algo que, de ser aceptado, aumentaría la condena de Bárcenas. También ha sido retirada la acusación por delitos fiscales al exconsejero del PP madrilelo Alberto López Vallejo.