Hay ciertas líneas rojas que incluso los más neoliberales (o, al menos, algunos de ellos) no consideran que se deban cruzar a la hora de limitar al Estado en sus funciones, y una de ellas es el ejercicio de la protección de la soberanía y el territorio nacional, pero está función que la mayoría de nosotros no dudamos de atribuir únicamente al Estado siempre ha tenido una pequeña sombra que ha cuestionado este carácter estrictamente público y que últimamente no para de crecer.

Desde hace ya siglos el grueso de los ejércitos nacionales está compuesto por ciudadanos del país que se alistan, de forma voluntaria o no, a las fuerzas armadas y que luchan por patriotismo, para defender a su gente, su estilo de vida, su ideología o porque lo ven simplemente como un trabajo más. Pero, a veces, estas tropas no son suficientes o no son la mejor opción cuando estalla un conflicto y ante la aparición de una demanda siempre hay alguien que ve la oportunidad de negocio. Ahí es donde entran los mercenarios y las compañías mercenarias.

Las compañías mercenarias, conocidas en la actualidad por los organismos internacionales con el eufemismo de Empresas Militares de Seguridad Privada (EMSP), han existido desde la Época Clásica con las Guerras Púnicas hasta la moderna Guerra de Siria pasando por los famosos condottieri del Renacimiento italiano o la Guardia Suiza Pontificia pero ha sido en los últimos 20 años cuando su uso por parte de gobiernos, algunos democráticos y otros no tanto, se ha extendido y, en algunos casos, hasta normalizado.

Una de las principales causas del auge de este negocio es su cambio de estructura de funcionamiento; en el protocolo adicional de la Convención de Ginebra de 1949 y en su posterior revisión de 1977 se define a un mercenario como la persona que cumple las siguientes condiciones:

  1. Ha sido reclutado con el fin de luchar en un conflicto armado en el que toma parte de forma directa y cuya motivación es principalmente el deseo por el beneficio personal, y de hecho, se le promete una recompensa material por una de las partes en el conflicto que excede de forma sustancial al pago que los combatientes de las fuerzas armadas de dicha parte reciben con similares rangos o funciones.
  2. No es un nacional de ninguna de las partes en conflicto ni residente de ningún territorio controlado por estas.
  3. No es miembro de las fuerzas armadas de ninguna de las partes del conflicto.
  4. No ha sido enviado por ningún Estado ajeno a las partes en conflicto en cumplimiento del deber como miembro de sus fuerzas armadas.

Está definición era apropiada para el contexto de la Guerra Fría pero con la caída del Telón de Acero las cosas han cambiado y está interpretación ha quedado poco menos que obsoleta. Los mercenarios ya no van por libre o en pequeños grupos ni se presentan en las zonas de conflicto para ofrecer sus servicios como en la serie El Equipo A, de Stephen J. Cannell y Frank Lupo, sino que ahora se organizan en grandes compañías con plantillas de trabajadores fijos (hasta 30.000 en algunos casos) que son subcontratadas por los gobiernos mediante concursos públicos y que suelen compaginar estos contratos de seguridad militar con otros de seguridad civil. Es decir, la empresa para la que trabajan los guardias de seguridad de su universidad o su centro comercial favorito podría ser, por ejemplo, la misma corporación que ha contratado el gobierno indio para mantener bajo control la inestable región de Cachemira. De hecho, es así.

Y en un mundo donde la población está cada vez más concienciada contra la guerra, y más aún si eso conlleva enviar a sus conciudadanos a luchar al extranjero en guerras sin una implicación directa, sale mucho más a cuenta contar con este tipo de empresas ya que, pese a tener un coste económico mucho más alto que un ejército regular, tienen un coste político mucho más bajo o nulo. Después de todo, deja en mucho mejor lugar a Washington, por ejemplo, que en los titulares de las noticias aparezca “Tropas rebeldes locales/militares sin identificar abren fuego contra civiles en la toma de Bagdad” a abrir el noticiario de la mañana con “Marines de los EEUU abren fuego contra civiles en la toma de Bagdad”. Titulares como este último pueden llevarte a perder unas elecciones.

De hecho, fue en lugares como Bagdad donde empezó está tendencia: Irak, Afganistán, Yemen, Somalia, Libia, Siria; la guerra contra el terror ha generado la mayor (que no la única) parte de la demanda que ha provocado que este negocio solo en Europa genera una facturación de 200.000 millones de euros al año, según el departamento de Migración e Interior de la Comisión Europea.

Y podemos ponerles nombres a estas empresas: Blackwater Worldwide (actualmente conocida como Academi), contratada por el Departamento de Estado de los EEUU para ayudar en las guerras de Irak y Afganistán, donde se vio envuelta en un escándalo por la muerte de 17 civiles en un tiroteo, Aegis Defence Services, contratada por el Pentágono para operar en Irak y también envuelta en un escándalo por la muerte de civiles, Slavonic Corps, contratada por el gobierno ruso en 2012 para dar soporte al Gobierno de al-Ásad durante la guerra en Siria o una empresa española, Prosegur, contratada por los gobiernos de la India y Perú para ayudar a sus fuerzas regulares a mantener el orden.

Con el paso de los últimos años y el recrudecimiento de algunos conflictos como la Guerra contra el Estado Islámico o los atentados terroristas en Europa cada vez le tiembla menos el pulso a los gobiernos a la hora de recurrir al sector militar privado, lo cual no deja de hacer aún más necesario una reforma por parte de Naciones Unidas para actualizar el derecho internacional al funcionamiento actual del sector y así regular un área que sin duda no va a dejar de ser importante en el mundo de la guerra y que no va a desaparecer de un día para otro. Y, sobretodo, para que las EMSP respondan delante de los tribunales, nacionales o internacionales, por sus actos en conflictos bélicos como lo hacen los estados o los políticos, algo que de momento no se está haciendo o no con la suficiente contundencia, y sino que se lo digan a los civiles muertos o torturados en Irak, Afganistán, Libia o Siria.