En el siglo XIII, la corona de Aragón decidió imitar a sus vecinos del sur de Francia e implantar en su reino el Tribunal de la Santa Inquisición. Este nuevo organismo estatal, controlado principalmente por el clero, era un instrumento de control del catolicismo y de lucha contra la herejía. Impusieron la ley de Dios a lo largo y ancho de todo el reino, el cual se fue expandiendo hasta cruzar el Atlántico un par de siglos después. Digno de aquella institución es el caso de los “Titiriteros desde abajo”. Una compañía de teatro de guiñol, de ideología anarquista, que el pasado viernes vio como dos de sus componentes se iban detenidos. ¿La causa de ello y de que hayan permanecido cuatro días en prisión preventiva? Hacer apología del terrorismo con la obra de guiñol “La Bruja y Don Cristóbal”. Muchos personajes relevantes han denunciado (entre ellos Joaquín Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia) la desproporcionalidad con la que se ha tratado a los dos actores. Se les encarceló directamente, se les ha incautado sus marionetas y se les ha retirado el pasaporte. Todo ello sin haber sido todavía condenados.
Para entender la situación de los acusados y el enfado de gran parte de la sociedad española, primero es conveniente contextualizar los hechos. La representación antes mencionada se encarga, como todas las obras de la compañía, de una denuncia social; esta vez, del abuso de poder. El protagonista es Don Cristóbal Polichinela, que “se presenta bajo diferentes formas para imponer su voluntad a base de cachiporra”, tal como reza la web de los titiriteros. La bruja, en este caso, es la libertad “que no va a dejarse pisotear por ningún Don Cristóbal”. En la escena de la polémica, un policía deja inconsciente a un manifestante para, después, colocarle una pancarta en la que se puede leer “Gora Alka-ETA”. Posteriormente, el muñeco del policía hace una foto al manifestante para, así, tener una prueba con la que incriminarle. De nuevo, una denuncia al abuso de poder. El concepto de “apología del terrorismo” quedó totalmente descartado. Esta afirmación se puede apreciar en que esta misma obra fue representada en Granada pocos días antes.
Lo que si ha quedado en evidencia es el importante cúmulo de errores por parte de varias instituciones municipales y estatales. En primer lugar, la gestión del Ayuntamiento de Madrid ha dejado mucho que desear. La discusión viene desde la misma programación de la obra (eso sí, cabe remarcar que esta polémica se produjo ya a toro pasado). Se ha discutido absolutamente todo, desde la calidad de la representación hasta la calificación para todos los públicos, a pesar de que la compañía recalcó en todo momento que era para adultos. Precisamente, ha sido esto último lo más discutido a Manuela Carmena y Celia Mayer. Esta era una obra donde la sátira es protagonista, el humor es básicamente adulto y hay escenas que, aunque propias del guiñol, mostraron como se ahorcaba personajes continuamente. Todos coinciden, incluso representantes del consistorio, que fue un grave error no limitar la edad. Luego está la torpeza con la que actuaron en las horas posteriores a los acontecimientos. Lo primero de todo fue la dimisión del encargado de contratar a los titiriteros, en lugar de ser la concejala quien dejara su puesto. Luego, la denuncia a los actores por incumplir el contrato, la misma que, días después, estudiaron retirar. Un cúmulo de errores que fueron la punta de lanza para llevarse todas las críticas.
El siguiente señalado fue el sistema judicial; en concreto, la fiscalía y el juez encargado de ordenar el encarcelamiento de los titiriteros. Todo fue muy precipitado: la detención de los actores y su inmediato ingreso en prisión. ¿La razón? Hacer apología del terrorismo e incitación a la violencia por los hechos comentados anteriormente: representar una manipulación policial. De hecho, la marioneta no muestra el lema de ninguna banda terrorista existente, sino que hace un juego de palabras con ‘Al Qaeda’ y ‘ETA’. Poco importó también que fuera una obra de ficción, y que, en este caso, el malo era quien poseía la pancarta de la supuesta apología. Pero lo más sonado de todo son los motivos por los que se mantuvo en Soto del Real a los dos protagonistas; el juez se justificó en la preocupación por que volvieran a representar ‘La Bruja y Don Cristóbal’. Para evitarlo, los muñecos fueron requisados a los artistas. Sí, el argumento para sacarlos de prisión era que ya no podían actuar porque se les han incautado las marionetas. Eso y que ya no se contempla un riesgo de fuga que, para el juez, era muy probable el pasado viernes. Un cambio radical de postura en menos de una semana.
Pero la punta del iceberg llegó, como muchas otras veces, de parte de un numeroso grupo de medios de comunicación, periodistas y demás personajes públicos fuertemente ligados a una ideología concreta. Estos se dedicaron a bombardear a los dos actores por hacer apología del terrorismo (a pesar de que en la obra no hay nada parecido). También acusaron a Manuela Carmena de no actuar con la responsabilidad que, a ojos de la oposición, esta situación exigía. A la cabeza de estas críticas estaba Esperanza Aguirre, con cargos siempre importantes en el PP de Madrid mientras ocurrían los escándalos de la Púnica, la Gürtel y el Caso Bárcenas, entre otros. También ha aparecido en escena la Asociación de Víctimas del Terrorismo, organización acusada por multitud de víctimas de los asesinatos etarras de ser un instrumento del PP, y que se personará contra los titiriteros en el juicio. Porque la instrucción sigue adelante; y mientras llega la fecha, los actores no tendrán pasaporte y deberán presentarse en comisaría todos los días.
Pero el colmo de los escándalos y de la indignación llegó el pasado martes, cuando el todavía Ministro del Interior dio argumentos a los partidarios de que el caso de los titiriteros no es más que un ataque al Ayuntamiento de Madrid y a Podemos. En el programa La Linterna, de la Cadena COPE, Jorge Fernández Díaz dijo lo siguiente: “Me consta que ETA espera como agua de mayo un gobierno del PSOE con Podemos y apoyado por el PNV”. Las redes sociales ardieron con sus declaraciones, y tanto los diputados socialistas como los de la formación morada pidieron su inmediata comparecencia en las Cortes. Pero, lejos de matizar sus declaraciones, compañeros de grupo parlamentario salieron en defensa del ministro en funciones.
¿Se ha utilizado esto con fines políticos contra Ahora Madrid y Podemos? Lo que sí parece evidente es que la libertad de expresión ha salido muy perjudicada, de nuevo, con esta actuación. No por la imputación de los titiriteros, que ya se hace habitual después de casos como el de Facu Díaz, Guillermo Zapata o la retirada de portadas de El Jueves, sino por el encarcelamiento durante cuatro días. De hecho, de ser culpables, ‘La Bruja y Don Cristóbal’ podría ser una de las pocas obras de ficción ilegales desde la llegada de la democracia. Un hecho que hace cuestionarse si existe una verdadera libertad en España y para quién. Cabe destacar que el caso de los titiriteros ocurrió en la misma semana donde el periodista Federico Jiménez Losantos dijo: “Cuando veo a Bescansa, Errejón o Maestre me salta el monte; es que si llevo la escopeta, disparo”. Estas declaraciones podrían ser consideradas como incitación a la violencia, uno de los argumentos usados por el juez para decretar prisión a los actores. Decir que en España hay distinta vara de medir la libertad de expresión se ha convertido, desde entonces, en un dato objetivo. Por mucho que el Presidente salga a manifestarse reivindicando este derecho fundamental recogido en la carta de los Derechos Humanos, la realidad le ha explotado en la cara
Pero más allá de la opinión de cada uno, estos actos han servido para dejar de manifiesto algunas cosas que se podrían calificar como preocupantes. En primer lugar, la debilidad del Ayuntamiento de Madrid; parecía como si el gobierno de Manuela Carmena respondiera más ante las presiones del PP que a una línea de actuación clara. Nunca dejó claro si mantendrían las denuncias, y ni siquiera fue capaz de confirmar si su concejal de cultura seguiría en el cargo. Por otra parte, está la exageración del fiscal y del juez, imponiendo medidas a unos actores que no fueron impuestas a Jordi Pujol o Luis Bárcenas, por ejemplo. Aunque el hecho, posiblemente, más preocupante ha llegado de parte de la derecha mediática y política. Su escándalo por una pancarta mostrada en una ficción ha provocado una indignación propia del teatro esperpéntico de Valle-Inclán. Han puesto el grito en el cielo poco después de intentar minimizar el impacto de la imputación del PP en un caso de corrupción. Aprovechando el tirón mediático, no perdieron la oportunidad de relacionar a la banda terrorista con Podemos una vez más. Parece que, años después de que abandonara la actividad armada, ETA sigue dando rédito al PP. Será por eso que se empeñan tanto en que todo es ETA.