El Partido Popular tiene muy clara cuál es su política económica: la de crear empleo. Así lo vienen repitiendo sin cesar, con el pecho henchido y haciendo gala de que ya no se destruya empleo en España pero sin detenerse en la calidad de ese empleo. Su objetivo: llegar a los 20 millones de empleados a finales de legislatura. Los populares están convencidos que continuando con las políticas que comenzaron a realizar en el 2011 se generará más empleo y, por ende, mucho más bienestar en la sociedad española.
Por eso, Mariano Rajoy ha anunciado a bombo y platillo en sus mítines una de sus medidas estrellas: la ampliación a cuatro años de la tarifa plana de 500 euros para los contratos indefinidos. Mientras, también bajará el tramo más alto y más bajo del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas. Reduciría el tipo marginal mínimo de la renta del 19% al 17%, y el máximo del 45% al 43%. Y otra de sus grandes promesas es que los jóvenes que encuentren su primer empleo no pagarán el IRPF durante el primer año de trabajo.
Lo paradójico es que estas promesas concretas a las que tantas veces ha hecho referencia el presidente del Gobierno en los últimos días, no se encuentran concretadas en el programa electoral, sino que recogen disposiciones muy generales.
Además, el partido del gobierno quiere centrarse en aprobar una ley que facilite la internacionalización de las empresas españolas, fomentar los métodos de financiación no bancarios. Mientras, prometen mantener las reformas realizadas para mantener competitivo al tejido empresarial español.
En definitiva, abundan mucho más las generalidades en el programa del Partido Popular y las promesas que las propuestas concretas y detalladas.
Mejora del mercado laboral
Por su parte, el PSOE busca la reconversión del modelo productivo implementando políticas para cumplir con el objetivo de la Estrategia Europea 2020 de aumentar al 20% el peso del sector industrial en el PIB.
En lo que se refiere al empleo, los de Pedro Sánchez pretenden derogar la reforma laboral aprobada en la legislatura popular debido a las grandes diferencias salariales existentes en España y proponen elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores como carta de derechos e igualdad en las relaciones laborales.
Los socialistas pretenden reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de ensanchar las bases imponibles y elevar la recaudación. Para ello, revisarán las múltiples exenciones y bonificaciones del Impuesto, muchas de ellas de escasa justificación. Entre tanto, se establecerá una tributación mínima del 15% para las grandes empresas. Además, también quieren promover la implantación de un Impuesto de Transacciones Financieras (ITF) a nivel europeo.
Mientras, el PSOE se compromete a dejar el déficit público en un 1% del PIB en función del ciclo económico y de los niveles de empleo. Pero este compromiso lo adquieren con dos condiciones: no subir los impuestos a las rentas del trabajo y mejorando la eficiencia del gasto público.
El PSOE quiere dejar el déficit público a final de legislatura al 1% También, el principal partido de la oposición tiene como objetivo reformar el sistema público de empleo, duplicando las inversiones destinadas a las políticas activas de empleo. Según el PSOE, es necesario: “En materia de inversiones hemos pasado de un gasto medio de 1.300 euros por desempleado/año en 2011 a 700 euros/año; muy lejos aún de los países europeos más desarrollados que destinan más de 3.000€ por persona desempleada al año”.
En lo que se refiere a los impuestos indirectos, propone rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales, como cine, teatro y música.
La democracia económica de Podemos
Lo que más llama la atención en el programa de Podemos es que son los únicos que hablan de “democracia económica”, un término que no utilizan el resto de partidos.
La propuesta estrella en política económica es el cambio de modelo productivo. Desde el partido morado parten de la base de que la inversión en nuestro país ha ido encaminada a la lógica de la maximización del valor accionarial, por ello proponen un pacto multilateral entre todos los actores (Gobierno, sindicatos, patronal, etc) donde el centro de las prioridades industriales sea la inversión productiva y la generación de valor a medio y largo plazo.
En una de sus propuestas económicas, se puede ver cómo el partido de Pablo Iglesias se ha moderado desde las elecciones europeas del 2014. Entonces, se pedía la recuperación del control público de los sectores estratégicos de la economía. Para las generales, en cambio, pasan a pedir el reforzamiento de la competencia en estos sectores para favorecer una reducción de los precios en la actividad productiva y reducir la escala nacional.
En lo que se refiere a la política fiscal, Podemos prioriza poner en marcha un plan de lucha contra el fraude que comprende varias medidas como la coordinación de las distintas administraciones tributarias, la aprobación de una ley tributaria contra la elusión fiscal, la aprobación de medidas contra paraísos fiscales y eliminaciones de pantallas tributarias como las SICAV, las Entidades de Tenencia de Valores de Extranjeros, las SOCIMI, las sociedades de capital riesgo, etc. Aparte del ITF a nivel europeo, coincidiendo con el PSOE.
Además, Podemos quiere aumentar el número de tramos del IRPF (impuestos directos) a partir de 60.000 euros, elevando de forma progresiva el tipo marginal de cada tramo desde el 45% hasta llegar a los 300.000 euros, que le aplicaría un 55%. Es decir, Podemos quiere subir los impuestos a los que más tienen. Mientras que también quiere modificar el IVA. Al tabaco, bebidas alcohólicas se le aplicará un IVA del 10% en lugar del actual (4%), mientras que a los suministros de agua, gas y calefacción se les aplicará uno del 10% en lugar del 21% actual.
El objetivo de la formación morada es la de recuperar la inversión en los servicios públicos anterior al comienzo de la crisis, aparte de la derogación del artículo 135 de la Constitución que da más importancia a la estabilidad presupuestaria que a la financiación de estos servicios y la realización de una auditoría de la deuda. También se recuperará el gravamen efectivo en los impuestos sobre el patrimonio y sobre las sucesiones y donaciones, recayendo este último sobre los grandes patrimonios.
Y respecto al empleo, se incrementará gradualmente el Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar, tras los dos primeros años de la legislatura, los 800 euros al mes en 14 pagas, a lo que se suma la propuesta de implementar una renta garantizada para los hogares que tengan unos ingresos inferiores al umbral de la pobreza. Esta renta sería de 600 euros para las unidades de convivencia de un solo miembro y aumentaría progresivamente en función del número de miembros.
Favorecer a las clases medias
Por parte de Ciudadanos, la propuesta que más llama la atención es la del contrato único. Solo UPyD, un partido que puede que no saque representación parlamentaria, lleva en su programa una propuesta como esta. Con su contrato único, Ciudadanos quiere que las nuevas contrataciones se hagan con un contrato indefinido con indemnizaciones crecientes, aparte de que se constituirá un Seguro contra el Despido mediante aportaciones empresariales a cada trabajador de un 1% de su salario y de que se podrá disponer de él en caso de despido o en la jubilación. Junto a esta propuesta, Ciudadanos propone establecer una bonificación a aquellas empresas que despidan a menos trabajadores.
La medida estrella de Ciudadanos es un contrato único indefinido En su lucha contra la desigualdad, la formación naranja propone un complemento salarial. Este complemento tendrán derecho a percibirlo aquellos que hayan obtenido rentas salariales sin llegar a alcanzar una cuantía mínima anual. Sin embargo, no proponen una subida del salario mínimo porque creen que supondría más destrucción de empleo.
La formación de Albert Rivera también propone un cambio en el modelo productivo. Para ello pretende eliminar burocracia, subir la inversión en I+D+i hasta el 3% del PIB, mejorar la financiación de empresas y crear proyectos compartidos de acción pública y privada.
En lo que se refiere al IRPF, Ciudadanos pretende realizar una rebaja progresiva del 3% como mínimo a todos los contribuyentes. También proponen bajar el tipo máximo de un 46% actual al 40%. Mientras, también pretenden modificar el IVA, siendo ésta una de sus medidas más controvertidas. Ciudadanos quiere poner dos tipos: uno general, que sería del 18% (actualmente está al 21%) y otro reducido al 7% (actualmente se encuentra al 10%). Eso sí, el tipo super-reducido (4%) quedaría eliminado y varios artículos de primera necesidad (pan, leche, frutas, verduras, medicamentos, productos farmacéuticos, etc), pasarían del 4% actual al 7%, incrementándose ligeramente sus precios.
Y para el Impuesto de Sociedades, su objetivo es bajar los tipos marginales a la par que se pretende ampliar la base imponible con la reducción de exenciones. Por lo tanto, este impuesto se quedaría en el 20% de los beneficios empresariales. Junto con esto, quieren modificar las SICAV para impedir el fraude, pero no tienen pensado su prohibición.
Foto 1: www.centrodebate.es
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