Uno de los principales problemas político-económico de hoy en día es la evasión fiscal. En época de recesión económica se acentúa la crítica sobre este hecho. En una Unión Europea que está haciendo todo lo posible para evitar una nueva recesión y crecer mediante pasos diminutos a base de reformas estructurales, el caso Luxleaks ha puesto en el disparadero los famosos tax rulings. Alrededor de 340 multinacionales apenas pagaban un 1% del Impuesto de Sociedades en el Gran Ducado (algunas de ellas incluso menos).
Muchos países han utilizado esta especie de agresividad fiscal, de la que se benefician las multinacionales y el país en cuestión: el Estado logra recaudar una cantidad irrisoria para sus arcas (mejor eso que nada, pensarán) y las multinacionales, incrementar todavía más su beneficio. Todo esto es posible tras varios años en los que el pensamiento dominante ha logrado que cierto mensaje cale en la población: el beneficio es lo que cuenta. Así está funcionando la Europa actual.
¿Qué Europa queremos?
El escándalo de Luxleaks salpica directamente al actual presidente de la Comisión Europea, Juncker, ya que fue durante dos décadas primer ministro de Luxemburgo. Sin embargo, su legitimidad apenas se ha puesto en duda por los grupos parlamentarios. Y la moción de censura presentada recientemente ha corrido a cargo del grupo euro-escéptico (Europa de la Libertad y de la Democracia Directa), liderado por Nigel Farage.
Los que no creen en la Unión Europea se han adelantado a los que sí confían en ella. Los únicos que pensaban apoyar una moción de censura era el grupo de Izquierda Unitaria, en el que se integran Podemos y la Izquierda Unitaria española. ¿Por qué nadie más ha presentado una moción de censura ante tal escándalo? ¿Por qué los socialistas europeos (segundo mayor grupo en el Parlamento), apoyan a Juncker sin motivo alguno? ¿Por qué los supuestamente europeístas, dejan que el sentido común recaiga en los detestan tal sentimiento?
Juncker, que no va a dimitir y se aferra a su sillón recientemente ocupado, ha propuesto una solución interesante: la armonización de los Impuestos de Sociedades para que los Estados Miembros no compitan entre ellos. En el 2011, Barroso trató de ponerla en marcha, pero se encontró con la férrea imposición de los Estados. ¿Funcionará? ¿Logrará convencer a todos los países? ¿Logrará esta medida el efecto deseado?
La armonización fiscal es el primer paso, pero resulta insuficiente
Las medidas propuestas por Juncker para abanderar la lucha contra el fraude fiscal pueden resultar eficaces, pero para ello deberá responder a una serie de cuestiones: ¿se evitarán los acuerdos de fiscalidad agresiva de los Estados miembro con las empresas cuando se apruebe esta armonización fiscal corporativa? ¿Qué mecanismos de control se establecerán para evitar que se vuelva a repetir el caso Luxleaks? ¿Cómo se va a transitar todo ese proceso, siendo que muchas empresas ya han firmado esos pactos con otros países? ¿Cómo va a fluir la información entre los Estados miembro? ¿Cómo se va a actuar en el caso de que algún determinado país se niegue a admitir estas medidas, como ya se ha mostrado Luxemburgo?
No existe una definición clara de refugio fiscal Porque el problema es más grave de lo que parece. Al hablar de evasión de impuestos y beneficios empresariales, siempre se ponen las miradas en los mismos de siempre: Luxemburgo, Suiza, Holanda, Irlanda, etc. Pero nadie insiste en que el problema se propaga por toda la Unión: los pactos fiscales agresivos con multinacionales se han extendido hasta 24 países. Solo se salvan Croacia, Chipre, Letona y Eslovaquia. Estos países solo representan el 1% del PIB de la UE y, para compensar esa falta de ingresos mediante grandes rebajas en el Impuesto de Sociedades, ofrecen una tributación del capital muy baja.
Respecto a la evasión de capitales, se están dando pequeños pasos para tratar de que varios países eliminen el archiconocido secreto bancario (Luxemburgo se comprometió a hacerlo en 2015). Sin embargo, algunos como Austria se resisten a ello con la excusa de que el Estado no puede entrometerse en la vida privada de sus ciudadanos. ¿No sería más fácil aprobar una ley como la FATCA de Estados Unidos y que se aplicara a todos los Estados miembro?
Aparte de todo esto, no existe una definición clara de refugio fiscal. La OCDE estableció en 2009 que, con el mero hecho de que un país tenga dos acuerdos sobre intercambio de información fiscal con otro país que forme parte de la OCDE, ya será eliminado de la lista negra de los refugios fiscales. ¿Ayuda tanta condescendencia a la hora de encontrar alguna posible solución a este problema?
España está más cerca de estos refugios fiscales de lo que pensamos
Desde nuestro país, podemos mirar con indignación (hasta con cierto odio) la existencia de refugios fiscales o que varios países lleguen a estos acuerdos perjudiciales con multinacionales. Pero no hace falta mirar la paja en el ojo ajeno. En España también tenemos lo nuestro. Existen figuras legales como la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) y las Sociedades de Inversión de Capital Anónimo Variable (SICAV), que favorecen el dumping fiscal en el caso de las primeras, y permiten eludir cuantiosos impuestos en el caso de las segundas. Es más, entre el año 2012 y 2013, la mitad del capital invertido en España (55.000 millones) procedían de circuitos offshore, es decir, desde refugios fiscales.
La mitad del dinero invertido en España en los años 2012 y 2013 procedía de circuitos offshore Es más; Luis de Guindos, actual Ministro de Economía, era el director del sector financiero de Price Waterhouse Coopers cuando se produjo todo el escándalo de Luxleaks. Price Waterhouse Coopers es una de las cuatro grandes asesorías financieras que ayudaron a las multinacionales y a Luxemburgo a llegar a los acuerdos ya mentados. A todo ello se le puede sumar que el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa afirmó que el 94% de las empresas que forman el IBEX 35 tenían sociedades domiciliadas en refuios fiscales.
De las ETVE también se benefician países europeos como Holanda, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Irlanda o Suecia. Por su parte, la figura de las SICAV también existe en Reino Unido, Luxemburgo, Italia, Suiza, República Checa, Holanda y Francia. ¿De verdad, tanto a los países, como a los ciudadanos europeos les interesa una verdadera unión, una armonización fiscal? En su comparecencia en el Parlamento Europeo para explicar el caso Luxleaks, Juncker espetó: “El gran capital tiene mejores amigos en esta casa que yo”. Quizá tenga razón.
La dialéctica restricción-inversión
Lo peor de todo es que, hoy en día, los Estados dependen del gran capital. Una de las principales características de la globalización es la libertad de movimiento de capitales. Eso implica que si se tomaran medidas restrictivas que perjudicaran a los grandes capitales, se marcharían con mucha facilidad a otros lugares del planeta a invertir. Por ende, si no hay inversión, no hay más puestos de trabajo y se genera más paro y más pobreza.
Esa es la dialéctica a la que se encuentra sometida la Unión Europea. El gran capital manda sobre la soberanía de los Estados. Por ejemplo, Andorra se beneficiaría con todo esto al ser un país que no forma parte de la Unión Europea.
La solución ni es tan fácil como parece ni la tiene solamente la Unión Europea. En absoluto. Tiene que ser tomada en organismos de mayor enjundia. El problema de la evasión de capitales, el fraude fiscal y el eludir de forma legal según qué impuestos a través de determinadas fórmulas jurídicas, tiene que convertirse en un debate a nivel internacional para sentar las bases de una actuación lo más conjunta posible. Si no, corremos el peligro de que llegue el momento en el cual el término “soberanía nacional” sea una utopía.