El pasado sábado, 8 de febrero, la infanta Cristina acudía ante los juzgados de Palma para declarar ante el juez Castro como imputada por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo. Llegaba en coche, diez minutos antes de la hora señalada, acompañada tan solo por su abogado Miguel Roca y sus escoltas, mostrando una sonrisa en todo momento y ofreciendo un escueto “buenos días” a la prensa que esperaba su aparición.
Infanta Cristina: “Confié siempre en el buen hacer de mi marido”
Esta declaración, vista por los ciudadanos como una prueba de si existe o no igualdad en nuestro sistema judicial, tiene lugar dos años después de que el nombre de la Infanta apareciese en las investigaciones del Caso Nóos, junto al de su esposo Iñaki Urdangarín. La llegada de Doña Cristina ante la justicia ocasionó un gran revuelo en la ciudad de Palma, cerca de 200 agentes fueron movilizados para mantener el orden, se llevaron a cabo estrictos controles con el fin de preservar la seguridad de la zona e incluso se procedió a sellar cada una de las alcantarillas de los alrededores; despliegue que acarreó un coste de 20.000 euros para el erario público.
La infanta Cristina se defendió de los cargos que pesan sobre ella aportando de forma continua el mismo argumento: “Confié siempre en el buen hacer de mi marido”. Abogados presentes en la sala han afirmado que Doña Cristina negó todas las acusaciones, se defendió con evasivas y afirmó desconocer la actividad que llevaba a cabo la empresa Aizoon, así como también la identidad de los empleados que trabajaban en la misma.
Mientras se producían estas declaraciones, en una calle próxima se escuchaban los gritos de personas que mostraban su desacuerdo ante el comportamiento de la Corona. Catalogados como “antimonárquicos”, representaban en plena calle a la mismísima indignación bajo los lemas “Jefes de Estado por las urnas, no por las cunas” o “Mártires de rey y yerno, reina e hija consintieron”, y es que la imputación de la menor de los Borbones y de su marido, Iñaki Urdangarín, está empañando la imagen de la Familia Real Española, que por primera vez desde 1975 ha dejado de contar con el apoyo de más de la mitad de la población del país.
De Zarzuela a los tribunales
La credibilidad de la Corona Española se desquebraja. Desde que fuera conocida la estancia del monarca en Botsuana, cazando elefantes y su posterior intervención de cadera, la imagen de la Casa Real no ha dejado de sufrir traspiés. Sin embargo, la gota que ha colmado el vaso ha sido la imputación de los duques de Palma en un delito de corrupción. Pero, ¿cómo ha llegado el matrimonio a ser el blanco de la justicia española?
Discurso de Nochebuena del Rey: “La justicia es igual para todos”.
Toda la trama comienza en torno al Instituto Nóos, una entidad fundada en 1999 en Barcelona, dirigida por Diego Torres y el que fue su alumno en ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas) Iñaki Urdangarín, que años más tarde se alzaría como presidente de esta institución. Nóos se presentaba entonces como una entidad sin ánimo de lucro cuyo trabajo consistía en “realizar investigaciones de interés general sobre los procesos de formulación e implementación de las estrategias de patrocinio, mecenazgo y responsabilidad".
Hay que echar la vista atrás, concretamente al año 2006. Se investigan las irregularidades existentes en el velódromo Palma Arena por un caso de aparente malversación de caudales públicos denunciado por el socialista Cañellas, quien aseguraba que durante el anterior gobierno del Partido Popular, Jaume Matas había autorizado un gasto total de 90,6 millones de euros en relación a la construcción del pabellón, que sin embargo estaba presupuestada en 48 millones.
El punto de mira de la justicia comienza a apuntar a la cabeza de más de 30 personas, relacionadas en su mayoría con la política, llegando las sospechas hasta el yerno del Rey tras encontrar un ingreso del Govern balear a Nóos, de noviembre de 2005 para la organización de un congreso de tres días sobre deporte y turismo, de 1,2 millones de euros. Se procede a la investigación de la institución, en la que anticorrupción comienza a observar irregularidades en los contratos que firmaba Nóos con los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana entre 2004 y 2006, irregularidades en transacciones que suman la cantidad de 6,1 millones de euros.
En 2008 comienza el seguimiento del Caso Palma Arena que desembocará en el Caso Nóos. Un año después los duques de Palma se trasladan a vivir a Washington aconsejados por el rey Juan Carlos. En junio de 2011 el juez imputa a Diego Torres y cinco meses más tarde a Urdangarín, que es inmediatamente apartado de la agenda de la Casa Real, siendo el principal aludido del discurso de Nochebuena del Rey: “La justicia es igual para todos”.
El 25 de febrero de 2012, Urdangarín declarará durante 22 horas ante el juez José Castro, cargando toda la responsabilidad a su socio Diego Torres y eximiendo de cualquier intervención a la infanta Cristina. Castro afirma que Urdangarín mantuvo el control de Nóos al mismo nivel que Torres y fija para ellos una fianza de 8,1 millones.
En los papeles que se muestran como pruebas para la imputación de Torres y Urdangarín en el Caso Nóos se observa otro nombre, el de la infanta Cristina, propietaria junto con su esposo del 50% de la empresa Aizoon, que parece ser el destino de fondos desviados por el Instituto Nóos. En febrero de 2013 se revelan unas informaciones que serán determinantes para los hechos futuros; una de ellas es que el Ayuntamiento de Madrid donó 120.000 euros a FDCIS, fundación sucesora del Instituto Nóos para promover Madrid 2016; la otra protagonizada por Torres, que declara que tanto la Casa Real en general, como la infanta Cristina en particular, estaban al corriente de las actividades de la institución.
La infanta es imputada en abril de 2013 por Castro tras hallar catorce indicios de “cooperación necesaria”, sin embargo esta declaración no tendría lugar hasta este 8 de febrero de 2014, siendo esa primera llamada de la Infanta ante de la ley desestimada por la Audiencia de Palma.
Sin duda, la involucración de un miembro directo de la Familia Real en un delito de corrupción perjudica gravemente la imagen de la Corona, a lo que se une la visible crispación de la población española ante este comportamiento, teniendo en cuenta la delicada situación económica que atraviesa el país. Por esto mismo, no solo pende de un hilo el honor de la menor de los Borbones, sino que también pasea por la cuerda floja la estabilidad de la monarquía española. Institución clave para España, símbolo de la democracia para unos y un gasto innecesario más en pleno siglo XXI para otros, cuyo futuro es, a día de hoy, una incógnita.